El reporte sobre delitos de alto impacto del segundo trimestre de 2025 (abril-junio) del “Observatorio Nacional Ciudadano”, refleja un país que, pese a cambios institucionales y ajustes en las estrategias, mantiene niveles críticos de violencia. La extorsión continúa golpeando a personas y empresas, y los delitos de género (feminicidio, violación y violencia familiar) recuerdan la deuda histórica con mujeres, niñas y niños.
Aunque el análisis es completo, pues abarca los delitos contra la vida y la libertad, delitos contra el patrimonio, delitos contra la igualdad y delitos contra la sociedad; por cuestiones de espacios solo trataremos los agrupados en el primer tema, donde están incluidos el homicidio doloso, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, secuestro, otros delitos que atentan contra la libertad personal, trata de personas y la extorsión.
En la región sureste, Quintana Roo tiene la mayoría de los delitos en “alerta roja”, datos que deben ser considerados por las autoridades tomadoras de decisiones en materia de Seguridad Ciudadana en donde se incluye a los tres niveles de Gobierno y a los tres Poderes del Estado.
Iniciemos con el delito de homicidio doloso, donde Quintana Roo ocupa el lugar número 16 de la lista, muy por debajo de la media nacional que es de 4.59 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en cuanto al homicidio culposo en el segundo trimestre Quintana Roo, Oaxaca y Michoacán tuvieron las tasas más altas a nivel nacional; ello no representa un cambio del trimestre anterior en el cual los mismos estados ocuparon los tres primeros lugares, es decir, Quintana Roo lleva seis meses como primer lugar en la incidencia de este delito; además, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo son especialmente preocupantes debido a que concentraron más del 50% del total de víctimas de homicidios culposos en su región durante el segundo trimestre de 2025.
“Otros delitos contra la vida y la integridad corporal” representa una significativa amenaza a la seguridad y bienestar de la ciudadanía; Quintana Roo está en la décima posición, por arriba de la media nacional que es de 3.39; no hubo delitos de secuestros en el Estado este segundo trimestre. Sin embargo, en la tasa de víctimas por “otros delitos que atentan contra la libertad personal” en el segundo trimestre del año, Quintana Roo, Sinaloa e Hidalgo tuvieron las tasas más altas a nivel nacional; ello representa un cambio con el trimestre anterior en el cual Baja California, Quintana Roo e Hidalgo ocuparon los tres primeros lugares.
La recomendación para las autoridades de Seguridad Ciudadana es que los estados de México, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz son especialmente preocupantes debido a que concentraron más del 50% del total de víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad personal en su región durante el 2do. Trimestre.
Otro delito en el que el Estado ocupa el primer lugar es en la trata de personas, pues junto con Baja California Sur y Zacatecas tuvieron las tasas más altas a nivel nacional; ello representa un cambio con el trimestre anterior en el cual Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí ocuparon los tres primeros lugares. La preocupación en Chihuahua, Jalisco, Puebla y Quintana Roo es porque estos estados concentraron más del 50% del total de las víctimas en este trimestre.
En la incidencia delictiva de extorsión, Quintana Roo tiene el octavo lugar, arriba de la media nacional que es de 2.2 casos por cada 100 mil habitantes; sin embargo, Guanajuato, Nuevo León, Quintana roo y Veracruz son especialmente preocupantes ya que concentraron más del 50 por ciento de este delito.
En este contexto, todavía hay mucho trabajo que hacer en estos próximos dos años de gobierno del Estado y de los municipales, pues parece que no podemos arribar en los delitos de homicidio culposo, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, secuestro, otros delitos que atentan contra la libertad personal, trata de personas y la extorsión. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) promueve una iniciativa para que las autoridades federales, estales y municipales implementen, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mecanismos tecnológicos de respuesta inmediata, como botones de auxilio conectados a los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) o su equivalente.
La propuesta de adición de un artículo 90 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante emergencias y situaciones de riesgo que se presentan en espacios públicos.
Plantea que los mecanismos de auxilio se instalen prioritariamente en espacios públicos estratégicos con alta afluencia de personas, en zonas con incidencia delictiva significativa, en estaciones y unidades de transporte público, en centros educativos de cualquier nivel, parques, plazas y áreas recreativas.
No tengo la menor duda que de pasar esa propuesta, ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Othón P. Blanco, serán consideradas como prioritarias para colocar “botones de pánico”. Al tiempo…
