CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre.— La larga batalla legal entre Grupo Salinas y el fisco mexicano llegó este jueves a un punto definitivo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró la puerta a las últimas maniobras jurídicas del conglomerado y dejó firmes los créditos fiscales que, en conjunto, superan los 48 mil millones de pesos. Con esta resolución, el máximo tribunal despeja el camino para que la Secretaría de Hacienda ejecute los cobros pendientes.
De un tajo, los ministros de la SCJN “desplumaron” al empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas, Grupo Elektra y TV Azteca, deberán cubrir los créditos fiscales que mantienen desde hace años. Sin analizar a fondo los asuntos, la Corte desechó los amparos directos en revisión promovidos por Grupo Salinas contra resoluciones de tribunales colegiados que ratificaban la obligación de pago, que en total ascienden a 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos, aproximadamente.
Tal como se había propuesto desde 2024 por el entonces ministro en retiro Alberto Pérez Dayán y por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el Pleno concluyó que los amparos no cumplían con el requisito de interés excepcional, indispensable para que el máximo tribunal realizara un análisis de fondo.
“No debió admitirse el amparo directo en revisión, toda vez que a pesar de que esté involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que resuelve las problemáticas que se encuentran planteadas”, explicó el ministro Arístides Guerrero, al presentar uno de los proyectos en los que la Corte avaló un crédito por mil 306 millones 476 mil 349 pesos.
Los fallos contrarios a Salinas Pliego fueron respaldados por los ministros Estela Ríos, Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, Loretta Ortiz y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Con sus votos, prácticamente dieron carpetazo a todas las impugnaciones con las que Grupo Salinas había logrado mantener trabados los casos desde hace años.
El 17 de marzo de 2025, Proceso reveló que, como parte de su estrategia para evitar el pago, Grupo Elektra impulsó impedimentos contra Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos, luego de conocer que los proyectos no le serían favorables. Cada vez que un impedimento era turnado a otro ministro, la empresa presentaba nuevos, logrando así retrasar las resoluciones.
En la sesión de este jueves, y tras desestimar uno de los impedimentos contra las ministras Batres y Esquivel, la Corte sancionó a Grupo Elektra con una multa equivalente a 70 Unidades de Medida de Actualización, al considerar que la empresa utilizó estas recusaciones para dilatar deliberadamente el proceso.
“El derecho de recusar constituye una garantía del debido proceso y un instrumento legítimo para preservar la imparcialidad judicial. Sin embargo, su ejercicio debe ajustarse a la buena fe procesal y fundarse en elementos objetivos que justifiquen su procedencia. Cuando las recusaciones se utilizan de manera simultánea o estratégica para alterar el curso natural del procedimiento, pierden su función garante y se convierten en un obstáculo para la pronta impartición de justicia.
“En el caso, la parte promovente presentó tres recusaciones de manera concurrente contra dos ministras y un ministro integrantes de la entonces Segunda Sala, en un momento en que ese órgano aún se encontraba en funciones. Esa estrategia procesal tuvo como efecto inmediato suspender la tramitación ordinaria del asunto y provocar la remisión de los impedimentos al conocimiento de la extinta Primera Sala, generando retraso en la sustanciación del juicio de amparo directo en revisión. La simultaneidad de las recusaciones, sin sustento probatorio suficiente y con alegatos reiterativos, evidencia una intención de prolongar artificialmente el procedimiento”, señala el fallo aprobado por unanimidad.
Incluso, el ministro presidente Aguilar Ortiz hizo un recuento del prolongado litigio:
“Este asunto, pues, como es del dominio público, fue ampliamente litigado, este en particular, se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 SEFAS (Solicitudes de Ejercicio de Facultad de Atracción), 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales”, comentó.
Con estas sentencias, Grupo Salinas ya no tiene recursos adicionales para intentar frenar las determinaciones. Una vez que la Corte las notifique formalmente a las empresas y a la Secretaría de Hacienda, esta última estará en condiciones de ejecutar el cobro de los créditos fiscales.
