CANCÚN, 27 de diciembre (InZoomMX).- La Colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo lanzó un pronunciamiento público para exigir la destitución inmediata del juez de Control en materia penal José Luis Jonathan Yong Mendoza, luego de ser señalado por presuntos actos de violencia doméstica y un posible intento de feminicidio ocurrido en el residencial Palmaris.
De acuerdo con información difundida por la organización y testimonios recabados en el lugar, los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en la calle CYCA del citado fraccionamiento, donde el funcionario judicial habría agredido físicamente a su pareja sentimental y amenazado de muerte a un exelemento policiaco.
Parte del incidente fue grabado por testigos presenciales, lo que incrementó la preocupación entre vecinos y activistas.
La presencia del juez portando un arma de fuego y su comportamiento agresivo durante el conflicto provocaron una reacción inmediata de los residentes, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades ante el riesgo que representaba la situación y el impacto que genera que un juzgador penal sea vinculado a conductas que la propia ley sanciona.
Exigencias de la Colectiva 50+1
En su posicionamiento, 50+1 QROO demandó tres acciones puntuales: la separación inmediata del cargo de Jonathan Yong, una investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos denunciados, y la implementación de medidas de protección para las víctimas, con garantía de acceso a la justicia.
“La impunidad no es una opción. Justicia para las víctimas”, señaló la Colectiva en su comunicado, en el que también reiteró su postura bajo las consignas #JuntasContraLaViolencia y #Somos50+1QROO.
Según los datos difundidos, Yong Mendoza tomó protesta como juez de Control el 1 de septiembre de 2025. Previamente se desempeñó como Oficial Mayor del municipio de Puerto Morelos hasta finales del año pasado y fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Remberto Estrada Barba.
La Colectiva también recordó que existen investigaciones previas que lo vinculan con presunto lavado de dinero y posibles nexos con el crimen organizado, elementos que, de confirmarse, agravarían la gravedad del caso.
Hasta el momento, el Poder Judicial del estado no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias. Mientras tanto, vecinos de Palmaris y organizaciones civiles mantienen la exigencia de que el caso sea atendido con prontitud y transparencia.
