PUERTO MORELOS, 6 de enero.— La comunidad náutica y pesquera de Puerto Morelos, integrada por más de 100 permisionarios de servicios turísticos y marítimos, presentó una queja formal por presuntos abusos de autoridad cometidos desde la Capitanía de Puerto.
De acuerdo con el documento, entregado el 30 de diciembre de 2025, a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, desde la llegada de Margarita Vela Pérez como titular de la Capitanía de Puerto, se han registrado actos de intimidación, hostigamiento, represalias administrativas, amenazas de multas y sanciones, así como suspensiones injustificadas de permisos e inspecciones selectivas, incluso durante la prestación del servicio turístico con pasajeros a bordo.
La agrupación advierte que estas acciones han generado un ambiente de temor, incertidumbre jurídica e inestabilidad económica, afectando de manera directa a más de 250 familias que dependen de la actividad náutica en el municipio, además de dañar la imagen turística de Puerto Morelos.
En el escrito, la comunidad destaca que desde que la Secretaría de Marina asumió el control de las Capitanías de Puerto, han pasado distintos mandos —incluido un vicealmirante— sin que se hubiera presentado una situación similar, por lo que consideran que el problema no es estructural ni histórico, sino atribuible a la administración actual.
Asimismo, los permisionarios subrayan que el sector náutico de Puerto Morelos se ha caracterizado por operar de forma legal, ordenada y responsable, sin embarcaciones irregulares y con apego a la normatividad vigente, manteniendo una relación de colaboración institucional.
Debido al temor fundado de represalias, la queja fue presentada sin datos individualizados de los promoventes, lo que —afirman— evidencia el clima de presión bajo el que actualmente opera el sector.
Finalmente, la Comunidad Náutica y Pesquera solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar el derecho al trabajo, la seguridad jurídica y el debido proceso, además de restablecer un entorno de legalidad y certeza institucional que permita el desarrollo turístico sustentable del destino.
