La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un desmonte de selva en la zona de Xcalacoco, al norte de Playa del Carmen, donde vecinos desde hace más de dos meses habían señalado la destrucción del paso natural del mono araña, especie protegida en peligro de extinción.
Los trabajos de desmonte se efectuaron con la intención de construir el estacionamiento de una refresquera sobre una superficie de aproximadamente cinco hectáreas, pero que forman parte de un corredor biológico donde existen diversas especies de flora y fauna, muchas de ellas enlistadas en el catálogo de protección especial al estar amenazadas, como el caso de los primates.
Tras la denuncia presentada ante la Profepa por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), inspectores de la dependencia federal se presentaron la mañana de ayer y colocaron una manta de clausura en la entrada principal del sitio, que impide la reactivación de la obra.
De esta manera se inició un procedimiento administrativo contra la empresa responsable asentado bajo el número de expediente PFPN/29.2/35.2/0001-2026/0001, para que responda por el menoscabo ambiental perpetrado.
Laura Mendoza Ramírez, miembro de la organización de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos y habitante de los alrededores del sitio afectado, recordó que el primer desmonte ocurrió el 20 de octubre de 2025.
A pesar de una clausura de la autoridad local, los trabajos continuaron, por lo que tuvieron que acudir a la instancia federal, luego de que en el sitio descubrieron cuevas secas con especies de suma importancia como los murciélagos.
“Tenemos muchos árboles verdes todavía y muy altos. Entonces los monitos rara vez tocan el piso o la calle. Siempre se mueven por las ramas de todos los árboles. Los vecinos no los molestamos, entonces somos un paso seguro para ellos”, informó Laura Mendoza.
Irma Morales Cruz, abogada de DMAS, explicó que por ahora tienen que vigilar que se respete la clausura y esperar las medidas correctivas de la Profepa. Todo se perfila a que la empresa sancionada emita un estudio ambiental al que los ciudadanos podrán acceder para opiniar sobre su viabilidad.
