Para la presidenta Claudia Sheinbaum hay una prioridad que está por encima de cualquier otra: garantizar que en la segunda mitad de su sexenio se mantenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Es más importante que dos o tres gubernaturas, más que cargos locales, más que disputas regionales. La verdadera joya de la corona es el control constitucional del Poder Legislativo.
Y para eso, hará lo que tenga que hacer para conservar la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
La paradoja es evidente: ni el PT ni el Verde representan grandes fuerzas electorales por sí solos. En condiciones reales, ambos pasarían aceite para conservar su registro si compitieran sin coalición. Pero en la ingeniería electoral de la Cuarta Transformación, su valor no está en las urnas, sino en los votos que pueden aportar desde el Congreso de la Unión.
Son las piezas que permiten construir la mayoría calificada que Morena, por sí solo, no puede alcanzar, al menos no en el actual contexto jurídico e institucional.
Hoy Morena no tiene los votos suficientes para dominar el Congreso con mayoría constitucional propia. Eso solo sería posible mediante una reforma electoral profunda que rediseñara por completo el sistema de representación, algo similar a modelos hiperconcentrados como el de El Salvador, donde un solo partido controla prácticamente el 98% del Poder Legislativo.
Pero esa reforma no puede pasar por una razón muy simple:
implicaría, en los hechos, la desaparición política del PT y del Verde.
Y ahí está el nudo del problema.
Por eso estos partidos, electoralmente pequeños, se han convertido en los verdaderos contrapesos internos del bloque gobernante. No por fuerza territorial ni por músculo electoral, sino por aritmética legislativa.
Morena necesita sus votos para hacer una reforma que más se acerque a su proyecto político, sin poner en riesgo a sus aliados. Entonces la reforma está empantanada, aunque la presidenta Cláudia Sheinbaum dijo el martes que si no es la próxima semana, no sale febrero sin que envíe la iniciativa de reformas a la Cámara de Diputados. No es un conflicto ideológico, es una negociación de poder. Tampoco se trata de una discusión de principios, sino de supervivencia política. Por eso no habrá una gran reforma electoral y tampoco un rediseño profundo del sistema. Se hará lo que se pueda sin poner en riesgo a los partidos aliados.
¿Es chantaje?
No necesariamente. Así es la política.
Así funcionan las negociaciones de poder en cualquier sistema plural del mundo: se da algo a cambio de algo. Se reparten espacios, posiciones, territorios y cuotas de poder. Aquí y en cualquier democracia real.
Y por eso, para la Presidenta, la mayoría calificada vale más que dos o tres gubernaturas y que cualquier presidencia municipal, por importante que sea el municipio.
Va a ceder las que tenga que ceder para sacar su reforma electoral.
Es la lógica del poder. Siempre lo ha sido.
La reforma electoral dependerá justamente de esas negociaciones que hoy están en curso y, al final, tendrá poco que ver con los sueños trasnochados de ciertos personajes que pretendían, entre otras cosas, desaparecer la autonomía del INE.
La realidad política ya les puso freno.
La política no se mueve por deseos. Ningún proyecto, ningún interés personal o de grupo está por encima del de la propia Presidenta.
Y por eso, que nadie se sorprenda: habrá sacrificados. Quedarán tendidos en el piso, no solo en Quintana Roo, sino en otras partes del país.- Febrero de 2026.
