TULUM, 5 de febrero. — La situación de los despidos dentro del Ayuntamiento de Tulum escaló a un nuevo nivel tras la postura pública asumida por la síndico municipal, Rifka Queruel, quien durante una sesión de Cabildo confrontó directamente al presidente municipal, Diego Castañón, y anunció que respaldará a los trabajadores que fueron cesados de manera irregular por el gobierno local.
De acuerdo con la propia síndico, decenas de empleados municipales fueron despedidos sin notificación formal, continuaron laborando aun cuando ya habían sido dados de baja administrativamente y se enteraron de su despido únicamente al momento de que se les negó el pago de sus quincenas.
Entre los casos denunciados se encuentran trabajadores con más de 17 años de antigüedad, algunos de ellos con trayectoria desde antes de que Tulum fuera municipio, cuando aún pertenecía a Cozumel, quienes —según lo expuesto en Cabildo— fueron separados de sus cargos sin procedimiento legal ni respeto a sus derechos laborales.
Durante la sesión, Rifka Queruel fijó una postura clara al señalar que no tolerará más decisiones unilaterales ni actos que vulneren a la base trabajadora del Ayuntamiento, y advirtió que apoyará públicamente a los empleados despedidos, al considerar que se trata de prácticas arbitrarias que violan la legalidad básica en la administración pública.
El pronunciamiento evidenció una fractura interna en el gobierno municipal, al tratarse de la funcionaria encargada de representar y velar por los intereses legales del municipio, quien ahora cuestiona directamente las decisiones del propio Ejecutivo local.
La controversia ocurre en un contexto de presiones financieras dentro del Ayuntamiento, marcado por adeudos con proveedores, problemas de liquidez y reclamos laborales por pagos y prestaciones pendientes, situación que ha generado inconformidad creciente entre los trabajadores municipales.
Con esta postura, la síndico municipal dejó de lado cualquier intento de contención política y colocó el tema de los despidos en el centro del debate público, abriendo un nuevo frente de tensión dentro del Cabildo y del propio gobierno de Tulum, donde el conflicto ya no solo es administrativo, sino abiertamente político e institucional.
