La investigación en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se extiende a 90 funcionarios públicos que colaboraron durante los seis años de mandato del imputado.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y obtuvo del titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales Federales, 13 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas por los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dos corresponden a la orden que se cumplimentó contra el ex gobernador y su hijo Guillermo Padrés Dagnino, internado en el penal federal de El Altiplano y el primero en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.
La PGR realiza la búsqueda de las 11 personas restantes para cumplimentar las órdenes y presentarlas ante el juez que las reclama.
Fuentes consultadas por este medio informaron que 90 colaboradores de Padrés Elías están siendo investigados por denuncias que fueron presentadas de manera paulatina; sin embargo, no se han requerido u obtenido las órdenes de aprehensión en su contra.
La red de lavado de dinero de la tomó conocimiento la PGR implica a familiares, funcionarios públicos y colaboradores del ex mandatario, quienes son buscados por la justicia.
Estas personas aparecen como accionistas o titulares de las empresas y cuentas bancarias que recibieron dinero de “operaciones simuladas” por el ex gobernador. En total fueron 8.8 millones de dólares los que se movieron a cuentas del extranjero, en específico a los Países Bajos, en Europa, y regresaron a México sin ser declarados ante la autoridad fiscal.
El viernes pasado, en su comparecencia ante el juez Cuarto de Distrito, Padrés Elías se reservó su derecho a rendir su declaración y se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan. Desde su reaparición, en una estación de radio, el ex mandatario denunció una persecución política en su contra.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, dijo el viernes a EL UNIVERSAL que la dependencia no trabaja “por impulso propio” o juiciosamente.
“Estas investigaciones requirieron asistencias jurídica internacionales, se realizó un trabajo profesional. Estos asuntos no tienen qué ver con tiempos, no tienen qué ver con política, sino con la responsabilidad de conocer de hechos que se denuncian, atender las querellas, de investigar como debes hacerlo y resolver con prontitud.
“Es impensable que pueda haber motivaciones de orden político. Llevamos investigaciones de todo tipo, contra todo tipo de personas y no seleccionamos los casos que debemos llevar o los que no debemos llevar”.
Juan José Medrano, integrante del equipo legal de la firma Lozano Gracia, que representa a los Padrés, señaló que la defensa trabaja en la declaración que presentarán ante los juzgados que los requieren y que están confiados en obtener el auto de libertad el próximo miércoles.
