Chetumal, Quintana Roo, 19 de marzo de 2026.- Con el propósito de reconocer y conmemorar el derecho humano y fundamental a la libertad religiosa, la XVIII Legislatura aprobó establecer el día 4 de diciembre de cada año como el “Día de la Libertad Religiosa” para reconocer esta prerrogativa que tienen todas las personas y que es fundamental para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado laico.
En la sesión ordinaria número 11, fue aprobado el dictamen para instituir esta conmemoración a nivel estatal, la cual permitirá promover una cultura de respeto a la diversidad religiosa y de conciencia, al tiempo que reafirma el compromiso institucional con la protección de los derechos humanos y con la consolidación de un marco social basado en la inclusión, la igualdad y la paz social.
En las consideraciones tomadas en cuenta a favor de esta iniciativa, se destacó que el reconocimiento y la promoción de este derecho contribuyen a generar condiciones de igualdad y respeto entre los distintos grupos religiosos presentes en la sociedad, favoreciendo el diálogo, la coexistencia pacífica y la prevención de actos de intolerancia motivados por razones de fe o creencias.
En la misma sesión se aprobó una reforma para armonizar el marco jurídico estatal para que el ejercicio de las facultades derivadas de los convenios de coordinación fiscal federal en materia de comercio exterior y aduanera se concentre de manera exclusiva en la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien contará con la rectoría institucional y operativa para su ejecución por conducto de sus unidades administrativas, incluyendo el SATQ sin detrimento de sus facultades actuales.
Por otra parte, en la sesión ordinaria número 10 se aprobó una reforma al párrafo primero del artículo 130 sexies del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el fin de adaptar dicho marco normativo a las realidades tecnológicas actuales, incorporando la violencia digital ejercida mediante inteligencia artificial como una forma específica de agresión.
El objetivo de la reforma es el de garantizar a todas las personas una vida libre de violencia, en un entorno digital seguro y respetuoso de sus derechos fundamentales.
La reforma establece que se impondrán penas de 4 a 8 años y 200 a 500 días multa, a quien difunda, revele, publique, comparta, cree o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento, textos de naturaleza sexual o erótica de otra persona mayor de edad sin su consentimiento, a través de cualquier tecnología de la información y comunicación, inteligencia artificial o por cualquier medio digital o impreso.
