La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer de forma parcial la información sobre su parque vehicular, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhortara al Poder Judicial a transparentar estos datos, previamente reservados por un periodo de cinco años bajo el argumento de seguridad institucional.
De acuerdo con la información ampliada, fechada el 23 de marzo y recibida un día después, el máximo tribunal del país detalló que cuenta con un total de 151 vehículos administrados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Sin embargo, aclaró que no todos son de su propiedad ni están asignados directamente a sus funciones.
Del total, 60 vehículos pertenecen al Poder Judicial de la Federación y fueron adquiridos entre 2007 y 2022, con una inversión acumulada de 20 millones 246 mil 18 pesos. Los 91 restantes corresponden a unidades arrendadas, aunque la SCJN no especificó el monto destinado a su renta, lo que mantiene zonas opacas en el ejercicio del gasto público.
La controversia surge luego de que, el pasado 6 de marzo, el Comité de Transparencia de la Corte respondiera a una solicitud realizada desde el 23 de enero, indicando que la información sobre el parque vehicular sería reservada por motivos de seguridad, al considerar que su difusión podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del órgano judicial.
No obstante, tras la publicación del caso el 20 de marzo y las declaraciones de la presidenta Sheinbaum durante una gira en Cancún —donde cuestionó la reserva de la información y defendió el principio de transparencia—, la Corte emitió una ampliación con datos adicionales, aunque incompletos.
“Hay que preguntar al Poder Judicial por qué reservaron esta información… Mi opinión es que todo debe ser transparente”, expresó la mandataria en conferencia de prensa.
El proceso de acceso a la información también ha sido objeto de críticas. Entre la respuesta inicial y la entrega de la ampliación transcurrieron nueve días hábiles, superando el plazo de cinco días establecido por el propio Comité de Transparencia. Además, no se notificó oportunamente sobre la integración de la información adicional, y la solicitud fue cerrada en la Plataforma Nacional de Transparencia al no haberse presentado una queja formal.
Especialistas señalan que, si bien la SCJN dio un paso hacia la apertura, la omisión de datos clave —como el costo del arrendamiento de los vehículos— limita la rendición de cuentas y deja pendiente el cumplimiento pleno de las obligaciones de transparencia en el uso de recursos públicos.
