Desde el caso de Mario Villanueva Madrid, el sistema político mexicano no registraba un caso de tal magnitud: un gobernador en funciones vinculado judicialmente con el narcotráfico.
La acusación de la fiscalía de Estados Unidos contra el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —señalado de conspirar para exportar toneladas de droga a territorio estadounidense—, dota de consistencia a las sospechas que han pesado sobre él desde 2021.
El gobernador sinaloense fue elegido en una jornada electoral marcada por la irrupción violenta de estructuras del Cártel de Sinaloa, que mediante el secuestro estratégico de operadores políticos de oposición y la intimidación en las urnas, pavimentaron un camino al poder que hoy, bajo el escrutinio de la justicia norteamericana, pende de alfileres.
Villanueva Madrid fue el primer gobernador mexicano en ser vinculado formalmente con delitos del crimen organizado. El 25 de marzo de 1999, diez días antes de concluir su mandato, fue interrogado durante más de diez horas en sus oficinas de Palacio de Gobierno, en Chetumal, por Mariano Herrán Salvati, fiscal especial para la atención de delitos contra la salud y por el titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), José Trinidad Larrieta.
El político quintanarroense, quien purga su condena con prisión domiciliaria por razones de edad y sus condiciones de salud, fue vinculado con el cártel de Juárez, una de las dos principales organizaciones narcotraficantes de México en ese entonces.
Tres días después de ser interrogado, Villanueva Madrid desapareció, evadiéndose de la vigilancia federal que tenía. Salió por una puerta trasera de las oficinas particulares de su amigo, el entonces gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco.
No acudió a entregar el poder a Joaquín Hendricks Díaz el 5 de abril de 1999. En la madrugada de ese día Herrán Salvati, quien años después pasó de acusador a defensor, llegó a Chetumal al frente de 32 elementos de la PGR para coordinar un operativo policiaco destinado a localizar a Mario Villanueva Madrid, una vez que se terminó el fuero constitucional que lo protegía de la acción penal.
El ex gobernador quintanarroense fue capturado en mayo de 2001, al momento en que era cambiado de escondite y nueve años después extraditado a Estados Unidos, donde mediante un acuerdo le retiraron el cargo de conspiración para la introducción de toneladas de cocaína a ese país y se declaró culpable de lavado de dinero, lo que le permitió una reducción de su condena en ese país, que concluyó en diciembre de 2016, luego de lo cual fue devuelto a México para continuar purgando su sentencia mexicana de 28 años, que debe concluir a mediados de 2029.
En el caso de Rocha Moya, entre las acusaciones que tiene en su contra está el presunto asesinato de un informante de la DEA y de su familia.
El factor que sella el destino de estos personajes ante la justicia norteamericana no es solo el trasiego de sustancias, sino el desafío frontal a su soberanía: la agresión a sus agentes e informantes. Para Washington, esto es una afrenta imperdonable que no prescribe.
El precedente de Villanueva Madrid es claro: más allá de la droga, su sentencia se firmó cuando en junio de 1997, por conducto de su procurador y compadre, Miguel Peyrefitte Cupido, habría amenazado de muerte al entonces cónsul David Van Valkenburg, forzando su extracción inmediata de México.
Hoy, Rubén Rocha Moya parece haber cruzado esa misma línea roja. Las investigaciones que lo vinculan con el presunto asesinato de un informante de la DEA y su familia evocan la furia institucional que el gobierno estadounidense desató tras el caso de Enrique ‘Kiki’ Camarena contra Rafael Caro Quintero.
Al tocar a sus hombres o a sus fuentes, tanto Villanueva Madrid como Rocha Moya dejaron de ser simples objetivos criminales para convertirse en prioridades de Estado para una nación que, como la historia demuestra, nunca quita el dedo del renglón.
Villanueva Madrid fue inicialmente indiciado y procesado por la justicia mexicana y luego entregado a Estados Unidos. Rocha Moya es acusado y reclamado directamente por Estados Unidos.
Habrá que ver si el actual sistema político mexicano lo deja de respaldar y, finalmente, lo entrega.
El caso tiene en jaque al actual régimen. Entregarlo sería un terremoto devastador para la 4T; seguir protegiéndolo podría poner en riesgo la soberanía nacional, esa que tanto se defiende en el discurso y, lo peor, generar una crisis de proporciones políticas, económicas y financieras nunca antes vista.- Abril de 2026.
