Chetumal, Quintana Roo, a 18 de mayo de 2026. – Con el objetivo de consolidar instituciones más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía, la XVIII Legislatura turnó a comisiones un paquete de iniciativas orientadas a renovar y depurar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Se trata de dos propuestas legislativas complementarias, promovidas por el grupo legislativo de MORENA, que buscan simplificar la arquitectura normativa del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos, las cuales fueron leídas en la sesión ordinaria número 29.
La primera iniciativa propone reformar el artículo 161 de la Constitución Política del Estado , con el fin de trasladar los procedimientos de carácter procedimental a las leyes secundarias, dotando al texto constitucional de mayor claridad y coherencia.
Uno de los ejes centrales de esta reforma constitucional es la incorporación formal del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo al Comité Coordinador del sistema. De esta manera, se reconoce el derecho de acceso a la información pública como una herramienta primaria y fundamental para la vigilancia ciudadana y la detección de hechos de corrupción.
En paralelo, la segunda iniciativa plantea reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para ajustar su operatividad a los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Para dinamizar los procesos de selección y evitar el estancamiento, ambas iniciativas coinciden en reducir de cinco a tres años el periodo de la Comisión de Selección encargada de nombrar al CPC. Asimismo, se fortalece el principio de pluralidad al establecer que dicha comisión será integrada por perfiles académicos y de la sociedad civil , garantizando en todo momento el cumplimiento estricto de la paridad de género.
En la misma sesión, se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, así como de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
En el caso de las reformas a la Ley del Instituto de Defensoría Pública, el objetivo de las modificaciones es el de fortalecer e implementar el adecuado uso del lenguaje incluyente y no sexista, procurando visibilizar a todas las personas y contribuir a la erradicación de estereotipos que promueven la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.
En lo que respecta a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, amplía la competencia del organismo para facultarlo a investigar quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona servidora pública, ya sea a nivel estatal o municipal.
Además, la reforma adopta un lenguaje totalmente inclusivo y neutro, erradicando el masculino genérico en cumplimiento con tratados internacionales, y establece de manera obligatoria la igualdad sustantiva como el eje rector que guiará todas las resoluciones y procedimientos de la Comisión.
