Cancún, Quintana Roo; a 11 de junio. — Con el objetivo central de analizar a fondo el marco jurídico penal encargado de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía, evaluar los retos actuales y compartir estrategias para asegurar un verdadero acceso a la justicia, se llevó a cabo la conferencia magistral “Protección de los derechos políticos electorales desde el ámbito penal, una perspectiva de accesos a la justicia”.
Este espacio clave de análisis y reflexión se desarrolló en el marco de las actividades del Encuentro Nacional de Inclusión y Democracia Sustantiva, organizado de manera conjunta por la RENACEDI, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), con el propósito de fortalecer espacios de diálogo y colaboración en favor de una democracia más incluyente y respetuosa de los derechos político-electorales de todas las personas.
La ponencia estuvo a cargo del Mtro. Iván García López, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del estado de Oaxaca, quien aportó su experiencia práctica en la persecución y prevención de conductas ilícitas que vulneran la equidad y la legalidad en las contiendas electorales.
La presentación del ponente la realizó el Mtro. Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcava, Presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE), quien resaltó la relevancia de la materia penal como una herramienta indispensable para blindar los procesos democráticos y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Durante el desarrollo del foro, se contó con la presencia destacada de las y los integrantes del Consejo General del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, Consejera Presidenta del IEQROO; Maisie Lorena Contreras Briceño, Consejera y Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación; Las consejeras Patricia Cortés Pastrana, Nora Cerón González y María Salomé Medina Montaño y el consejero Julio Asrael González Carrillo.
Con este tipo de iniciativas, se fortalece el diálogo interinstitucional y se reafirma el compromiso de las autoridades por consolidar un sistema electoral robusto, donde la inclusión vaya de la mano con la legalidad y la justicia penal efectiva.
