CANCÚN, 17 de agosto.- El mayor cártel empresarial de la región lanzó su ofensiva definitiva sobre el corazón de Cancún. Lo que a simple vista parece un desarrollo inmobiliario más es, en realidad, la consolidación de un oligopolio gasolinero y una red de especuladores de tierras que, con profundos tentáculos políticos, pretende sepultar el destino original del campo de golf Pok Ta Pok.
Esta estructura de poder, que durante décadas ha operado en las sombras, no solo integra a los nombres más pesados del sureste mexicano: arrastra consigo una estela internacional de despojos comunitarios que llega hasta España.
La red está encabezada por Ricardo Antonio Vega Serrador, el “Zar de las Gasolineras” y dueño de Corpogas, que integra en su administración las gasolineras de políticos que han ocupado cargos de diferentes niveles en los últimos 20 años en el estado. De hecho, la verdadera fuerza de este cártel reside en su capacidad para disolver la competencia en favor de la especulación. Vega Serrador logró integrar en un solo frente a grupos que ante el público simulan ser competencia, pero que en el proyecto Pok Ta Pok actúan como socios estratégicos: Paul Karam, del grupo Hidrosina, y Emilio Gamboa García, de Delta Gas. Este bloque controla el mercado de combustibles en el sureste y ahora busca replicar ese dominio en el mercado inmobiliario de ultra-lujo: la tierra de Pok Ta Pok es su activo principal.
A este cártel se suma la influyente familia Mouriño, encabezada por el patriarca Carlos Mouriño Atanes, fundador del Grupo Energético del Sureste (GES). La familia mantiene, además, fuertes vínculos con el poder político mexicano: uno de los hijos de Carlos Mouriño, Juan Camilo Mouriño Terrazo, fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón —tras haber sido jefe de la Oficina de la Presidencia— y buena parte de la clase política lo señalaba como un probable proyecto presidencial rumbo a 2012, hasta que murió el 4 de noviembre de 2008 en un accidente aéreo en la Ciudad de México, a los 37 años.
Los Mouriño tampoco son ajenos a la controversia por la tenencia de la tierra. En España, la familia es propietaria del Real Club Celta de Vigo —presidido por Carlos Mouriño Atanes hasta diciembre de 2023 y hoy por su hija, Marián Mouriño—, y su grupo empresarial ha sido protagonista de disputas y señalamientos por despojos comunitarios y maniobras inmobiliarias similares a las que hoy intenta ejecutar en Cancún. La presencia de los Mouriño en el portafolio de inversiones de Pok Ta Pok, documentada en los trámites ante la SEMARNAT en 2024, confirma que el proyecto es una exportación de tácticas de despojo global aplicadas al Caribe mexicano.
En 1976, FONATUR construyó el campo campo golf Pok Ta Pok como una reserva ecológica y pulmón verde en el corazón de la zona hotelera, diseñado por Robert Trent Jones Jr., un reconocido arquitecto estadounidense de campos de golf, que a lo largo de su carrera diseñó o remodeló más de 250 campos de golf en Estados Unidos, México, el Caribe, España y una veintena de países más.
A principios de la fiebre privatizadora que caracterizó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1990 el terreno fue entregado a la empresa japonesa Hazama Corporation a través de un esquema de conversión de deuda externa o “swap”. El contrato de venta obligaba a respetar la vocación recreativa del predio.
A principios de los años 2000, la filial mexicana Hazama Corporation Desarrollo de Turismo S.A. de C.V. pasó a manos del desarrollador estadounidense Michael Eugene Kelly, que en ese entonces también desarrollaba Puerto Cancún. Kelly fue detenido el 22 de diciembre de 2006, acusado de operar un fraude Ponzi que, según registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), despojó a más de siete mil víctimas de al menos 342 millones de dólares; en 2012 fue sentenciado a cinco años de prisión.
Tras su arresto, sus activos en México fueron liquidados. Fue en ese momento de vulnerabilidad legal cuando, en 2008, los actuales socios mexicanos —Vega Serrador y Rodolfo Rosas Moya— adquirieron el control total de la empresa. Nacionalizaron así la especulación y mantuvieron el nombre “Hazama” solo como fachada corporativa para proteger sus derechos de propiedad originales.
Rosas Moya, expresidente del Grupo de Desarrollo del Sureste (GDS), arrastra desde 2002 una orden de aprehensión por el presunto desvío de fondos de inversionistas en la venta irregular de terrenos en Isla Holbox; en 2015 Donald Trump lo demandó por 12.5 millones de dólares por un contrato incumplido en la organización de Miss Universo, y recientemente protagonizó el litigio por el histórico Hotel Mayaland, en Chichén Itzá.
Hoy, la red cuenta con la protección de figuras políticas de alto nivel como el exsenador Emilio Gamboa Patrón, cuya amistad con los involucrados ha sido clave para destrabar obstáculos federales. En el ámbito local, la operación es ejecutada con precisión por Anuar Fayad Hassan, apoderado legal de Hazama y de las empresas de Vega Serrador: el flujo de capital gasolinero financia la ofensiva inmobiliaria. Con ese poder han pretendido influir en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2026, un instrumento diseñado a la medida para ignorar la capacidad de carga de la Zona Hotelera y permitir la construcción masiva de 1,350 viviendas y 850 cuartos de hotel.
El proyecto, rebautizado “Bosque Real” tras operar años bajo el nombre “Península Cancún”, fue presentado a los vecinos en una reunión que la propia Secretaría de Ecología municipal, encabezada por Nahielli Orozco Lozano, calificó como “estrictamente informativa y no vinculante”.
De acuerdo con la propuesta expuesta a los residentes, el desarrollo contempla edificaciones escalonadas de entre tres y quince niveles y un complejo hotelero de siete pisos, con 40% de la superficie destinada a áreas verdes, incluido un parque público de 50 mil metros cuadrados. Hasta ahora, el proyecto no cuenta con licencia de construcción ni con autorización del ayuntamiento de Benito Juárez, y su viabilidad depende por completo de que prospere la actualización del PDU.
La Asociación de Vecinos de Pok Ta Pok, que preside Patricia Reta, exige acceso a los estudios de impacto ambiental y de infraestructura para someterlos a un peritaje independiente, mientras residentes advierten que la obra provocaría el colapso de los servicios de agua potable, drenaje y vialidad en la Zona Hotelera.
No es la primera vez que la ciudadanía frena el intento: el PDU de 2022 fue revocado por tribunales debido a defectos de procedimiento, y la actualización en curso, con respaldo técnico de ONU-Hábitat, se prevé que concluya a finales de este año.
La batalla por Pok Ta Pok entró en su fase más crítica. Mientras el cártel empresarial integrado por los Mouriño, Vega Serrador, Karam y Gamboa apuesta por la consolidación de su red de influencia, la ciudadanía y el sector hotelero tradicional enfrentan el reto de frenar un proyecto gestado desde el principio para el beneficio de unos cuantos apellidos.
Lo que está en juego no es solo un campo de golf, sino la supervivencia de Cancún frente a una red que ha demostrado no tener fronteras cuando se trata de despojar a las comunidades de su patrimonio.
Palco Noticias buscó la postura de los involucrados y no obtuvo respuesta al cierre de esta edición
