CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto.- Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, señalados como líderes de una red de huachicol fiscal que operó en cinco estados del país, son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Fernando Farías Laguna alcanzó el grado de contralmirante y Manuel Roberto el de vicealmirante dentro de la Armada de México. La FGR no ha señalado a Ojeda Durán como imputado en la causa; el parentesco es, hasta ahora, el único elemento documentado que vincula el caso con la cúpula naval que encabezó la dependencia durante el sexenio pasado.
La causa contra los hermanos se remonta a marzo de 2025, cuando autoridades federales aseguraron en el puerto de Altamira, Tamaulipas, el buque Challenge Procyon con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburos a bordo. Manuel Roberto fue detenido el 7 de septiembre de 2025 y permanece recluido en el penal del Altiplano por cargos relacionados con hidrocarburos.
Ese mismo 7 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se pronunció sobre el caso: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos.” Durante el Desfile Militar del 16 de septiembre, el funcionario amplió su postura: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo.”
Fernando Farías Laguna, por su parte, fue detenido el 23 de abril de este año en Buenos Aires, donde se identificó con el nombre falso de Luis Lemus Ramos. México solicitó su extradición el 21 de mayo y Argentina autorizó su expulsión el 19 de agosto; el excontralmirante llegó al país este viernes y quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
La FGR documentó pérdidas superiores a 340 millones de pesos derivadas del esquema, así como el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles. En la causa suman 16 personas presentadas ante la autoridad, 12 de ellas exservidores públicos, y ambos hermanos enfrentan cargos por delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, delitos que contemplan penas de entre 20 y 40 años de prisión.
