CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre.— El consejero electoral Arturo Castillo Loza advirtió que el proceso electoral 2026-2027, que arrancó formalmente este 10 de septiembre, reúne “el escenario perfecto para una elección cuestionada”, durante la sesión en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de salida a la contienda para renovar 500 diputaciones federales y 19,609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, de cara a la jornada del 6 de junio de 2027.
En la misma sesión, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan puso en perspectiva las dimensiones del ejercicio: el padrón electoral asciende a 103.6 millones de registros y la lista nominal a 101.6 millones, las más grandes de la historia del país.
Con base en ello, dijo, el INE tiene programada hasta ahora la instalación de 176,741 casillas, cada una con una mesa directiva de hasta nueve integrantes —seis propietarias y propietarios, además de tres suplentes generales—, lo que conforma un total de hasta 1,590,669 personas electoras y electores, encargadas por mandato republicano y constitucional de recibir los votos durante la jornada y contarlos al final de esta.
Castillo Loza, por su parte, señaló tres factores de riesgo. El primero, dijo, es que la mayoría de los partidos políticos ha mostrado que no está dispuesta a sujetarse a las leyes que ellos mismos diseñaron y ha transferido al árbitro electoral la responsabilidad de su propio incumplimiento, al adelantar actividades de campaña —algunos aspirantes acumulan ya 75 días haciendo proselitismo antes del inicio formal del proceso— sin que el instituto haya actuado al respecto.
El segundo factor, expuso, es la tendencia de otros poderes del Estado a transferirle al INE cada vez más atribuciones —organización de elecciones locales, mecanismos de participación ciudadana y funciones de transparencia partidista— mientras le recortan el presupuesto hasta en 40% en los últimos nueve años, tendencia que el consejero anticipó se repetirá en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.
El tercer factor, calificado por Castillo Loza como “el más grave de todos”, es que el propio INE habría claudicado en su función de vigilar y arbitrar los comicios: renunció, dijo, a vigilar que los partidos respeten los tiempos electorales, a evitar la injerencia de partidos y gobiernos en la organización y observación electoral, y a garantizar que solo se cuenten votos válidos.
El consejero también denunció cambios en la estructura operativa del instituto y el debilitamiento de sus mecanismos internos de rendición de cuentas: en lo que va del año se nombró, sin el consentimiento del Consejo General, a 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas —algunos, afirmó, sin cumplir los requisitos legales— y se despidió a al menos 836 personas, sin que las consejerías hayan recibido información sobre los perfiles de los nuevos funcionarios ni el nivel de ocupación de esas áreas.
Castillo Loza añadió que distintas áreas del instituto han bloqueado el acceso a información de las consejerías o guardado silencio ante consultas sobre el cumplimiento de sus funciones, como ejemplificó con el caso del fallido nombramiento en la presidencia del INE en Michoacán.
El consejero advirtió que, de continuar esta dinámica, México podría llegar al 6 de junio de 2027 “con votos contados, pero con resultados cuestionados” y llamó a partidos, gobiernos, la Cámara de Diputados y al propio INE a asumir su responsabilidad para corregir el rumbo del proceso.
Durante la misma sesión, el resto de las consejeras y consejeros electorales también hicieron uso de la palabra para llamar a la ciudadanía a participar en el proceso 2026-2027 y aseguraron que el INE estará a la altura de las necesidades del país.
