Conscientes de que nueva política tarifaria de las gasolinas y el diesel provocará presión inflacionaria adicional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió al gobierno federal a implementar un paquete de acciones inmediatas que incentiven el empleo y crecimiento económico, más allá de las reformas, sobre todo implementar un mecanismo para evitar que el costo se traslade en el transporte público y de mercancías y dañe más a la población.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que las medidas de política económica deberán partir desde el ámbito fiscal, gasto e ingresos; política monetaria; fomento a la inversión y el empleo, así como créditos de la banca de desarrollo.
“Se recomienda valorar mecanismos de depreciación acelerada, o la deducción al 100 % del gasto en inversión, que podría asociarse o condicionarse a la creación de empleos formales. Los incentivos directos son fundamentales”, pugnó el sector privado.
Juan Pablo Castañón explicó que si bien la política tarifaria de las gasolinas y el diesel responde a una realidad internacional y a nuestra propia situación en el mercado energético al liberalizar su costo, “generará una presión adicional sobre la economía interna de nuestro país”.
El presidente del CCE sostuvo que la implementación de la reforma energética debe seguir siendo una prioridad, ya que traerá mayores beneficios en materia de combustibles a mediano y largo plazo, en la medida en que se realicen inversiones y se construya más infraestructura para refinar, transportar y almacenar combustibles.
Para el CCE es urgente diseñar un esquema de incentivos para repatriar capitales con un impuesto atractivo, condicionando el beneficio a llevar a cabo una inversión productiva.
Los nuevos precios de los combustibles son “desproporcionados” y resulta injusto que el gobierno federal traslade toda la carga al consumidor final, por lo que el sector patronal del país urgió al Congreso de la Unión se revisen los esquemas del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) a fin de reducirlo en la gasolina y diésel.
“En México, el componente de impuestos que tienen los precios de gasolinas y diesel es muy elevado, más de 40% (…) y no hay voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales”, cuestionó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Los patrones pidieron la revisión de los porcentajes de la fórmula para la determinación de los precios de la gasolina y el diésel, demandando ajustes a la baja en los impuestos respectivos.
