CHETUMAL, 10 de noviembre — El Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones un paquete de iniciativas sobre protección de la niñez, salud mental de las personas servidoras públicas, certeza en el proceso penal y transparencia estatal.
En la sesión ordinaria número 20, se dio lectura a una iniciativa del diputado Hugo Alday Nieto en materia de derecho familiar e interés superior de la infancia.
La propuesta obliga a la persona oficial del Registro Civil a consultar el portal del Registro de Deudores Alimentarios Morosos al recibir una solicitud de matrimonio. La iniciativa aclara que la consulta será solo informativa, para fortalecer un consentimiento libre e informado, y que no representará un impedimento legal para casarse.
Salud mental en el servicio público
El diputado Rubén Carrillo Buenfil presentó una iniciativa para reformar el artículo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.
La medida propone convertir en obligación legal la impartición de cursos y programas permanentes de información, orientación y atención a la salud mental y ocupacional para todo el personal del servicio público, de modo que estas políticas continúen más allá de los cambios de administración.
Penas más altas por amenazas
También se leyó la iniciativa de la diputada Silvia Dzul Sánchez para adicionar diversas disposiciones al artículo 123 del Código Penal del Estado. La reforma contempla aumentar hasta en una mitad la pena por el delito de amenazas en dos supuestos:
- Cuando se dirijan contra jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos para obstaculizar o condicionar su participación en un procedimiento penal.
- Cuando provengan de estudiantes, tutores o familiares consanguíneos en contra de personal docente, directivo o administrativo con motivo de sus funciones escolares.
Adiós a la Contraloría
Finalmente, se dio lectura a una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Archivos del Estado.
El proyecto propone sustituir formalmente el nombre de la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por el de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y actualizar las referencias normativas en materia de investigación de faltas administrativas, auditorías del gasto público y coordinación de archivos, sin alterar sus atribuciones sustantivas.
Foto: Congreso de Quintana Roo
