CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre — Más de 50 personas físicas y morales figuran en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos ilícitos en el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas familiares directos de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, según trascendió. En la lista aparecerían también el contratista José Alfredo Hernández Casillas y empresas productoras de material electoral.
Las denuncias incluyen las seis que presentó el Órgano Interno de Control (OIC) del INE contra servidores y exservidores públicos del instituto y contra personas morales. El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que los hechos podrían constituir abuso de autoridad, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
Además, ocho servidores o exservidores públicos y una persona moral fueron citados a audiencias iniciales en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
A ello se suma la denuncia que el propio INE presentó el 6 de noviembre, con el aval de sus 10 consejerías, para que la FGR investigue “posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, sin distinción de personas, cargos o periodos de administración. El PRI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también acudieron a la Fiscalía.
89 conexiones entre proveedores
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que mantiene una investigación de oficio, identificó 89 conexiones entre siete empresas proveedoras y 83 personas relacionadas con el INE. En el centro aparecen Cajas Graf y Corporativo ZEG, ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Entre los casos detectados figura el de Jonathan N, exempleado adscrito a la oficina de la presidencia del INE y apoderado de Corporativo ZEG desde junio de 2023, a quien la ASF le reporta percepciones por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Taddei negó en octubre que fuera su chofer, aunque reconoció que estuvo adscrito a su oficina.
El órgano fiscalizador aclaró que las conexiones son indicios que requieren más revisión y no determinan en qué contratos hubo irregularidades. La revisión se extenderá a las adquisiciones del INE, del extinto IFE y de los organismos electorales locales de 2000 a 2025.
La UIF, por su parte, congeló el 4 de noviembre las cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores de materiales electorales; trascendió que entre ellas están Taddei y Hernández Casillas. La dependencia precisó que el bloqueo es preventivo y “no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.
Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre y sostuvo que su salida buscaba proteger al instituto. Hasta ahora, ninguna autoridad ha determinado responsabilidades penales contra ella ni contra el resto de las personas señaladas.
Foto: INE




