Con la aprobación de 17 congresos estatales, pasó el paquete de reformas constitucionales que permitirá la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
En conferencia de prensa, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que a partir de la entrada en vigor de esta reforma, lo cual esperó se logre antes del término de este sexenio, desaparecen las juntas de conciliación las cuales serán sustituidas por centros de conciliación especializados imparciales y autónomos que buscarán mediar entre los trabajadores y las empresas.
Si los asuntos no se resuelven por esta vía, pasarán a los poderes judiciales de cada estado que serán los que resolverán las disputas laborales; esto quiere decir que los centros de conciliación asumirán funciones que hasta el momento ha tenido la STPS.
Cada entidad decidirá si los casos los toman los jueces que ya existen o si crean nuevos tribunales; deberán ser ellos quienes determinen esta parte y si requerirán recursos adicionales en sus presupuestos para hacer operativa la reforma.
En la actualidad, 90% de los casos que se presentan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son por despido injustificado. El objetivo es acabar con los “coyotes”, abogados que insisten en alargar los procedimientos con la promesa de que de esta forma, los trabajadores obtendrán más dinero por salarios caídos.
“Si a un trabajador lo despide injustificadamente su patrón, lo que tiene que hacer es acudir al centro de conciliación, presentar ahí la demanda, se citará al patrón y en una audiencia de conciliación o las que ustedes necesiten, llegar a un acuerdo. Si se rehúsan a un acuerdo, inmediatamente el expediente se turna al Poder Judicial y bajo unas reglas de procedimiento tutelar se van a desahogar rápido pruebas y elementos para que el juez determine quién tiene la razón”, dijo
Uno de los objetivos será disminuir la carga de trabajo con la que aún cuentan las juntas de conciliación y arbitraje puesto que actualmente, el tiempo promedio para resolver son tres años. Existen 59 mil amparos pendientes y 459 mil expedientes que se tienen en las juntas de conciliación y arbitraje. Esto quiere decir que 70% de los casos de están en análisis y sólo 30% de los asuntos de han resuelto.
Lo que falta es que la reforma pase a la Cámara revisora, que es la de diputados, y el desarrollo de una legislación secundaria que haga operativa esta reforma.
“No vamos a llevarnos años en esto; se va a hacer, porque lo podemos hacer, en lo que queda de la administración. Lo vamos a hacer rapidito”, dijo.
