El ombudsman del estado Harley Sosa Guillén informó que se emitió la recomendación 01/2017 dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que se acreditó la detención arbitraria y allanamiento de morada de un ciudadano en la ciudad de Cancún.
Los hechos acontecieron en junio de 2015 cuando cuatro agentes de la Policía Judicial del Estado (hoy agentes de la policía ministerial), ingresaron a un predio donde se encontraba la casa del quejoso, con el argumento que buscaban a una persona que previamente había cometido un robo.
Los agentes judiciales entraron a la vivienda sin contar con la autorización de los propietarios y/o posesionarios, además de que nunca exhibieron, ni acreditaron que tenían una orden por escrito expedida por autoridad competente que los facultara para realizar tal actuación, allanando su morada; además detuvieron al quejoso de manera arbitraria por no configurarse la flagrancia ni contar con orden de autoridad competente.
La recomendación dirigida al Fiscal, contiene diversos puntos para proceder a la reparación material de los daños ocasionados al quejoso; iniciar el procedimiento administrativo en contra de los agentes para que sean sancionados; ofrecer una disculpa pública al quejoso; conminar al personal de la Fiscalía a no ejercer actos de molestia que no estén debidamente fundados y motivados; impartir capacitación y formación en materia de derechos humanos, de la función policial, de la cultura de la legalidad y la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas.
Sosa Guillén manifestó que todo servidor público que se conduzca ilegalmente y violente los derechos humanos debe ser sancionado, por lo que reprobó que se den casos como el que se motivó en la recomendación señalada. Agregó que es necesario seguir trabajando para que las y los servidores públicos se apeguen a los Derechos Humanos y dar un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía
