CANCÚN, 30 de mayo.— Agrupaciones vecinales expresaron su preocupación de que, si la resolución del juez que frena la aplicación del PDU 2022 es impugnada por las autoridades municipales, éstos sólo causará pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo para los ciudadanos y “demostrará una vez más que no se actúa en favor de la ciudadanía, sino en beneficio de proyectos particulares.
En una conferencia de prensa. Carmen Báez, secretaria del Comité de Vecinos de la Supermanzana 15 y coordinadora de la Red de Comités Vecinales, junto con Antonela Vázquez, integrante del equipo de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, enumeraron las irregularidades que presuntamente se cometieron durante la elaboración del mencionado ordenamiento.
Ambas representantes enfatizaron que la sentencia del juez es clara y evidente, y expresaron su preocupación de que, si la resolución del juez que frena la aplicación del PDU 2022 es impugnada, esto solo causará pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo para los ciudadanos. Afirmaron que esta situación demostrará una vez más que no se actúa en favor de la ciudadanía, sino en beneficio de proyectos particulares.
Asimismo, destacaron que la violación del principio de participación ciudadana es motivo suficiente para conceder la protección constitucional solicitada y recalcaron que, mientras la sentencia no cause ejecutoria, continuará aplicándose el PDU 2018.
Expresaron su deseo de que el municipio no combata la sentencia, pero si eso sucede, deberá ser resuelto en un tribunal colegiado.
En relación con esto, señalaron que la sentencia también tiene implicaciones para el PDU 2018, ya que revela las deficiencias en la participación ciudadana en la elaboración de la planificación urbana actual.
Esperan que los jueces tomen en cuenta esta sentencia al evaluar los juicios relacionados con el PDU 2018.
Las representantes citaron fragmentos de la sentencia del juez, que describen el ejercicio de participación ciudadana como ilusorio en la creación de la planeación urbana municipal actual.
Además, destacaron ejemplos de problemas identificados en el PDU, como la inclusión de un polígono de actuación sin claridad sobre su propósito y la transformación de espacios deportivos en espacios recreativos sin definiciones claras.
La denuncia realizada por Carmen Báez, Antonela Vázquez y otras organizaciones busca garantizar una planificación urbana transparente, participativa y acorde a las necesidades de la ciudadanía, y esperan que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas en el PDU de Cancún.
Las activistas dijeron Durante el proceso de participación ciudadana para la creación del PDU, las autoridades municipales no respondieron a 300 solicitudes y observaciones presentadas por los ciudadanos.
Esta falta de respuesta fue evidenciada por el juez encargado del caso, quien destacó que el municipio tuvo la oportunidad de presentar pruebas en su defensa, pero no contestó a las inquietudes planteadas por la ciudadanía.
Además, se ha señalado que la información del PDU puesta a consulta no coincide con la que fue publicada, lo cual constituye motivo suficiente para otorgar protección constitucional. Esta discrepancia genera dudas sobre la transparencia del proceso y la veracidad de la información proporcionada.
En relación a los talleres de participación ciudadana, se argumenta que no se respetaron los procedimientos establecidos. Se critica que no se brindaron las herramientas necesarias para una participación efectiva, ya que la información presentada no fue veraz ni oportuna, y no se integraron adecuadamente las aportaciones de sectores académicos, profesionales, científicos y especializados.
Aunque se tomaron fotografías durante los talleres, no se llevó a cabo una consulta pública adecuada.
