Cuando el presidente Trump ordenó una vasta reforma de la ejecución de la ley migratoria durante su primera semana en funciones, eliminó casi todas las restricciones sobre quién debería ser deportado, abriendo la puerta para rondas de detenciones en una escala no vista en una década, de acuerdo con Los Ángeles Times.
Hasta unos 8 millones de personas en el país de manera ilegal podrían ser considerados como prioridad para deportarlos, de acuerdo con cálculos realizados por Los Ángeles Times.
Se basaron en entrevistas con expertos quienes estudiaron la orden, y dos documentos internos que indican que los funcionarios de inmigración están tomando una interpretación muy amplia de la directiva de Trump.
Lejos de irse solamente contra “bad hombres”, como Trump ha dicho repetidamente, su nueva orden permite a los agentes de inmigración detener a casi todos con quienes entren en contacto que hayan cruzado la frontera ilegalmente.
La gente podría ser llevada bajo custodia por usar estampillas de comida o si sus niños reciben almuerzos escolares gratuitos.
Los sujetos de deportación son un grupo más grande que aquellos afectados en las prohibiciones a viajeros que sembraron el caos en los aeropuertos y captaron la atención pública la semana pasada.
Menos de un millón de personas cruzaron a Estados Unidos a lo largo de la década pasada provenientes de los siete países involucrados de donde la mayoría de los visitantes están temporalmente bloqueados.
Las deportaciones a esta escala, las cuales no han sido totalizadas públicamente antes, podrían tener repercusiones fuertes: las familias se separarían. Los negocios con clientes que son inmigrantes podrían ser sacudidos.
Las legumbres podrían podrirse en los campos de cultivo, sin ser cosechadas, mientras la agricultura y otras industrias que dependen de las fuerzas de trabajo de inmigrantes enfrentarían escasez de mano de obra.
Las relaciones de Estados Unidos podrían estancarse con países que se preparan para recibir un influjo de gente deportada, particularmente en Latinoamérica. Hasta el sistema del Seguro Social al cual muchos inmigrantes que laboran ilegalmente le pagan usando identificaciones falsas, sufriría consecuencias.
Las nuevas instrucciones representan una amplia expansión del enfoque de Obama en deportar solamente a recién llegados, violadores de inmigración reincidentes y la gente con muchos delitos. Bajo el gobierno de Obama, solamente cerca de 1.4 millones de personas eran consideradas prioridad en cuestión de deportación.
“Vamos de regreso al caos de ejecución –van a publicitar que están persiguiendo criminales, pero realmente harán redadas contra todo el que puedan atrapar”, expresó David Leopold, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y abogado de inmigración por más de dos décadas.
Las órdenes de Trump instruyen a los oficiales que deporten no solamente a aquellos convictos de crímenes, sino también a aquellos que no enfrentan cargos pero que se cree que han cometido “actos que constituyen un delito”.
Esa categoría aplica a los 6 millones de personas que se cree entraron a Estados Unidos sin pasar a través de un cruce de frontera oficial.
