Ciudad de México, 24 de Febrero 2022.- La reforma laboral no está congelada, avanza a un ritmo previamente determinado, pero urge aplicar desde el gobierno políticas públicas neutrales que impulsen la participación y organización de los trabajadores y que los empresarios vean el sindicalismo como un derecho de los trabajadores y una herramienta útil para el sano funcionamiento de la economía, sostuvo la agrupación Acción Ciudadana ante la Pobreza.
En un comunicado de esa instancia, los expertos en Derecho Laboral e impulsores de la reforma laboral aprobada hace cinco años, Graciela Bensusan y Luis Emilio Giménez Cacho, hicieron un balance del proceso que se sigue para garantizar la libertad sindical, la autonomía en la negociación de derechos laborales y en la judicialización de la justicia laboral, concluyendo que “la reforma laboral va”.
Explicaron que el proceso implica un mapa de actores y una agenda muy complejos, porque se trata de desmontar una estructura corporativa centenaria que implicó no solo el freno salarial, sino el control político de los trabajadores en beneficio de líderes sindicales y de un partido político que se sostuvo en el poder por muchas décadas.
“Es como tratar de hacer cambiar el modo de caminar de alguien”, comparó la profesora de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Graciela Bensusan.
La reforma laboral demanda colocar los derechos de los trabajadores en el centro de las políticas públicas y en el centro de la política del crecimiento del país”, dijo el Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, porque antes ocurrió lo contrario, la política de exportación y de crecimiento económico se basó en bajos salarios y nulidad de los derechos laborales.
Por su parte Gimenez Cacho, dijo que la aplicación de la reforma transforma las relaciones laborales de las empresas, las relaciones de los trabajadores con sus líderes y las relaciones políticas de los trabajadores con el poder, porque libera esas relaciones del modelo corporativo-tripartita que era simulador e inequitativo y quita al Ejecutivo esas facultades de control sindical.
Una de las consecuencias de seguir ese modelo corporativo-tripartita es la informalidad que prevalece en las estructuras laborales que afecta ya a 31. 6 millones de personas, más de la mitad (55 por ciento) de la población ocupada; la cifra aumentó en 2.2 millones de personas en relación con el mismo período de 2020, según la información más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Y es que el 61 por ciento de la población ocupada carece de acceso a servicios de salud de la seguridad social. Este es el principal factor de exclusión de la así llamada informalidad.
En realidad, son personas que trabajan, muchas de ellas en la economía formal, pero sin derechos laborales tan básicos como la afiliación al seguro social”, explicó Gómez Hermosillo.
Datos del Observatorio de Trabajo Digno indican que 32. 5 millones de trabajadores (66 por ciento) reciben un ingreso insuficiente para adquirir dos canastas básicas, y 34.1 millones de trabajadores (62 por ciento) no tiene acceso a los servicios de salud por su trabajo. Estas son las dos causas de la pobreza que se produce desde el trabajo.
Los expertos dijeron que los tribunales laborales del Poder Judicial ya se han instalado en la mayoría de los estados de la República, de acuerdo con el calendario que la reforma estableció y que en los estados donde existen los juicios duran un máximo de 4 a 5 meses y no 5 o 6 años como ocurría antes.
La experiencia en sindicatos como el de General Motors fue valiosa porque mostró que todas las partes están cumpliendo con su tarea: los trabajadores organizándose para la participación; los empresarios no metiéndose en el proceso, y el gobierno generando el clima necesario para el ejercicio de los derechos.
Ambos coincidieron en llamar a la paciencia ante el proceso y alentar la participación de los trabajadores para aprovechar la oportunidad que la reforma les ofrece de disponer de mecanismo eficaces para la defensa de sus derechos.
“Se requiere de procesos pedagógicos intensos para cambiar la mentalidad prevaleciente y reconocer que la defensa laboral es posible en México”, dijo el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Giménez Cacho.
De acuerdo con el texto, la fórmula “México Sin Pobreza” considera que los trabajadores deben disponer de mecanismos para la defensa de sus derechos laborales que les permitan salir de la pobreza.
Entre esos mecanismos figuran la libre afiliación sindical, la aplicación rigurosa de la justicia laboral con tribunales imparciales y en la existencia de protocolos efectivos que anulen cualquier forma e intento de discriminación laboral.
En ese contexto, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza impulsa la aceleración de la reforma laboral en curso. Para ello invitó a los expertos Bensusán, profesora de la UAM y Giménez Cacho, quienes conversaron con Paulina Gutiérrez y Rogelio Gómez Hermosillo para evaluar los avances de la reforma laboral. (Infoqroo)
