CANCÚN, 19 de agosto.– Una grave crisis de corrupción sacude al sector empresarial en Quintana Roo, donde PYMES y grandes empresas enfrentan embargos millonarios en sus cuentas bancarias por supuestos juicios laborales fabricados.
Fuentes cercanas a los afectados denuncian un esquema ilegal que involucra a personal actuarial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, presidentes de estas juntas.
Según las denuncias, los expedientes son manipulados para ejecutar sentencias de millones de pesos basadas en reclamos ficticios. Se reportan casos de actores o trabajadores inexistentes, con salarios inflados artificialmente para justificar los embargos inmediatos.
Esta práctica no solo paraliza las operaciones de las empresas afectadas, sino que pone en riesgo miles de empleos y el tejido económico de la región, dependiente del turismo y el comercio.
Empresarios locales han expresado su alarma ante la rapidez con la que se practican estos embargos, sin oportunidad real de defensa, lo que sugiere un contubernio sistemático en las instituciones laborales.
“Esto es un ataque directo a la estabilidad económica de Quintana Roo, y exige una investigación inmediata por parte de autoridades federales”, señalan afectados anónimos por temor a represalias.
La situación agrava la percepción de inseguridad jurídica, donde la corrupción en el ámbito laboral podría estar erosionando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Organizaciones empresariales demandan transparencia y una auditoría exhaustiva para desmantelar esta red de irregularidades.
¡Es urgente que la Fiscalía General de la República y la Secretaría del Trabajo federal intervengan para proteger a las PYMES y restaurar el estado de derecho en Quintana Roo! La ciudadanía y el sector privado no pueden esperar más ante esta amenaza inminente.
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