CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre.- En una sesión marcada por intensos debates, la mayoría oficialista de la 4T en la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas fiscales que incluyen incrementos en impuestos y derechos federales, sumándose a otros gravámenes especiales que entrarán en vigor en 2026, de confirmarse en el Senado, lo que se da por sentado.
Estas medidas, que generarán ingresos adicionales por 271 mil millones de pesos para el gobierno federal, impactarán directamente en el bolsillo de los consumidores, elevando el precio final de productos cotidianos como refrescos embotellados, cigarros y videojuegos, además de aumentar los cobros por servicios gubernamentales, incluyendo trámites migratorios y el ingreso de turistas extranjeros al país.
Entre los cambios más destacados se encuentra el incremento al Derecho de No Residente (DNR), el cobro que se aplica a visitantes extranjeros sin actividades laborales en México. Este pasará de 861 a $983 pesos por turista, representando un ajuste del 14%.
Quintana Roo, principal destino turístico del país, se verá particularmente afectado, ya que recauda más del 40% de estos ingresos totales, principalmente a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, que capta el 43.8% del turismo internacional que ingresa al país vía aérea.
Hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, estos recursos se destinaban principalmente a la promoción turística; sin embargo, en la actual administración federal, se redirigen hacia megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya y otros emblemáticos del gobierno federal.
Aumentos a zonas arqueológicas
La reforma también incluye aumentos en las tarifas de entrada a zonas arqueológicas de Categoría I, que pasarán de 95.58 a 209.09 pesos. Esto impacta sitios clave en Quintana Roo como Tulum, Cobá, el Museo Maya de Cancún, San Gervasio, Kohunlich, Xelhá y Xcaret, así como otras emblemáticas como Teotihuacán en el Estado de México y Palenque en Chiapas.
La oleada de incrementos no se limita al turismo. La modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) elevará los precios de varios productos de consumo popular. Entre ellos:
-Bebidas con azúcar: 3.8 pesos por litro.
-Bebidas endulzadas con edulcorantes: 1.5 pesos por litro.
-Cigarros: Aumento del 30%.
-Videojuegos con contenido violento: Impuesto especial del 8%.
-Casas de apuestas digitales: 50%.
-Sueros orales que no cumplan con estándares de la OMS (como glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico): 3.08 pesos por litro.
Estos ajustes, según la Secretaría de Salud, forman parte de una estrategia para combatir la obesidad y la diabetes, promoviendo una alimentación saludable sin afectar gravemente al sector productivo.
El secretario de Salud David Kershenobich celebró la medida en un comunicado, destacando que “es un paso para mejorar la salud de los mexicanos y reducir el consumo de productos ultraprocesados”.
Además de los IEPS, se aprobaron incrementos en derechos por servicios prestados por el gobierno federal. Por ejemplo, el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que era gratuito y permitía a menores viajar solos sin poder notarial, ahora costará 294 pesos.
Los permisos de residencia temporal verán un alza del 109%, alcanzando hasta 25 mil pesos por cuatro años. Otras tarifas incluyen 31 millones de pesos por inspección en casas de bolsa, verificación de helipuertos, licencias de aeronavegabilidad y vigilancia de instalaciones financieras. Asimismo, se deroga la exención fiscal para personas físicas y morales que exploten aguas nacionales.
La votación
La votación terminó con 352 votos a favor y 133 en contra. El priista Jericó Abramo Masso criticó que estos gravámenes solo cubren una fracción de las necesidades fiscales.
“El país requiere 1.5 billones de pesos para estabilizar sus finanzas, pero con estas migajas solo se logran 271 mil millones”, dijo.
La panista Noemí Luna cuestionó la falta de inversión paralela: “Aumentan cobros migratorios, pero no hay seguridad fronteriza; crean cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin internet; y ahora suben las entradas a museos y zonas arqueológicas”.
Por su parte, la morenista Alma Delia Navarrete defendió las reformas como “una herramienta para fortalecer el Estado y mejorar los servicios a la ciudadanía”.
La oposición, incluyendo PRI y PAN, las califica de meramente recaudatorias, sin un enfoque real en salud o eficiencia. Rubén Moreira, del PRI, acusó: “No es momento de sacarle el dinero a la gente; si siguen gastando así, nunca completarán”.
Estos cambios, que abarcan IEPS, aduanas y el Código Fiscal, podrían exacerbar la inflación en productos básicos, afectando especialmente a familias de bajos ingresos. Analistas advierten que el impacto en el precio final de refrescos embotellados y otros bienes de consumo masivo podría ser significativo, en un contexto económico ya tenso. El Senado ahora tiene la última palabra para confirmar o modificar estas propuestas.
