CHETUMAL, 14 de mayo.— La XVII Legislatura aprobó importantes reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las que cualquier caso de supuesto suicidio u homicidio doloso de una mujer sea investigado con perspectiva de género, descartando así posibles feminicidios.
El objetivo de esta reforma es garantizar que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo esta perspectiva, siguiendo los parámetros de la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía.
Las nuevas normativas incluyen sanciones para servidores públicos que omitan realizar las diligencias necesarias en investigaciones de feminicidios.
Además, se aprobaron modificaciones al Código Civil y al Código Penal relativas a la pérdida y suspensión de la patria potestad.
Estas establecen que la patria potestad puede ser revocada si uno de los progenitores es sentenciado por delitos contra la libertad y seguridad sexual, feminicidio, o homicidio del otro progenitor.
También puede ser suspendida si se incumple con la obligación alimentaria por más de 60 días sin justificación.
En el ámbito penal, se aprobaron agravantes para delitos patrimoniales y violencia familiar cometidos contra adultos mayores.
Asimismo, se actualizó la definición del delito de amenazas, que ahora se considerará tal incluso si se produce una sola vez contra una persona.
Una nueva reforma introduce sanciones para el acceso ilícito a sistemas informáticos, abarcando bases de datos, software, aplicaciones, redes sociales, y dispositivos móviles.
En materia ambiental, se modificó la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para prohibir el uso de fuegos artificiales en eventos públicos estatales y municipales.
Estos sólo serán permitidos en fiestas populares, espectáculos públicos, o eventos privados, previa autorización municipal que garantice la seguridad y minimice riesgos ambientales y de salud.
Finalmente, se añadió a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, el derecho a la desconexión digital.
Esto asegura a los trabajadores el respeto a su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, y su intimidad personal y familiar fuera del horario laboral.
