Una controvertida propuesta hecha en febrero pasado por el presidente Enrique Peña Nieto dio esta semana un paso hacia su consolidación como ley, cuando el Senado aprobó las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirán que agentes de seguridad de otros países porten armas en este territorio.
“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, debidamente acreditados ante el gobierno federal, que participen en la revisión migratoria de los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente”, es la nueva redacción del artículo 27 de la mencionada Ley.
Esta modificación se refiere a escoltas de funcionarios extranjeros –jefes de Estado, de gobierno o cualquiera con un cargo alto en su país–, así como agentes migratorios y aduanales a cargo de inspeccionar mercancías o personas.
Las armas autorizadas son revólveres u otras de funcionamiento semiautomático, y no podrán ser de un calibre mayor a 0.40, ni deberán salir de los puntos previamente autorizados por la Sedena. Estarán permitidas por un periodo máximo de seis meses, mientras que a los agentes de seguridad de funcionarios solo se les permitirá su uso mientras dure la misión. Las autoridades mexicanas tendrán la potestad de cancelar el permiso de portación en cualquier momento.
Se busca –argumenta la legislación—“generar una nueva regulación que fortalezca procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el mundo, principalmente en lo referente a los procesos de inspección aduanera, bajo el principio de reciprocidad”.
Este principio se refiere a que los funcionarios aduanales mexicanos que realicen preinspecciones en otros países puedan también portar las armas que utilizan en sus funciones de forma cotidiana.
Durante la sesión en que se realizó la votación, Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado y militante del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI, oficialista), señaló que los permisos estarán restringidos a ciertos puntos migratorios, por lo que descartó que los agentes extranjeros “vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas a cargo”.
Fernando Yunes Márquez, el senador presidente de la Comisión de la Defensa Nacional y miembro del conservador Partido Acción Nacional (PAN), destacó que esta legislación hará que México cumpla con las obligaciones internacionales de la correcta protección de personas a nivel internacional, y aseguró que no se vulnera la soberanía nacional ni se atenta contra los mexicanos ni sus libertades.
En el bando opuesto, Manuel Bartlett, del izquierdista Partido del Trabajo (PT) aseveró que esta legislación es una medida que le interesa a Estados Unidos.
Aseguró que la presencia de agentes migratorios y aduanales en el territorio nacional viola la Constitución, específicamente en los principios de política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos, debido a que –argumenta—el monopolio de la fuerza pública se terminará, pues dicha función se compartirá con gobiernos extranjeros.
En el mismo sentido, Alejandro Encinas, del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que “los recintos aduanales no se establecen solamente en las fronteras de nuestro país, tenemos muchos puntos de revisión aduanal en el interior de la República e incluso aquí en el Distrito Federal y Estado de México. Y pretender que ahora estos agentes operen en estas ciudades, en el caso de aduanas, puede traer consecuencias adicionales sumamente delicadas”.
Al respecto, su compañera de partido, Dolores Padierna, añadió que las aduanas nacionales son en total 49, 19 de ellas en la frontera norte, dos en la frontera sur y 17 marítimas, además de 11 en el interior del país, en patios aduanales y aeropuertos.
Este dictamen –aprobado en el Senado con 78 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, tal como lo envió el mandatario mexicano–, será ahora discutido en la Cámara de Diputados para su aprobación. Si los diputados optan por realizarle cambios, deberá volver al Senado.
