Asesinan a balazos a Lilia Gema García, Alcaldesa de San Mateo Piñas, en su oficina municipal

 

San Mateo Piñas, Oaxaca.– La Alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada este lunes a plena luz del día por un comando armado que irrumpió en el Palacio Municipal de esta comunidad ubicada en la región Costa de Oaxaca. En el ataque también fue ejecutado Gregorio García Ruiz, representante comunitario del municipio.

El crimen ocurrió después de las 11:00 horas, cuando al menos cuatro hombres armados, presuntamente disfrazados de policías, ingresaron a las oficinas municipales, sometieron a los elementos de seguridad y abrieron fuego contra la edil y su acompañante. Tras el ataque, los agresores huyeron en motocicletas sin que hasta ahora se reporten detenidos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación, mientras que el Gobernador Salomón Jara, del mismo partido político que la víctima, condenó el crimen y aseguró que no quedará impune.

“No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares”, expresó el mandatario estatal en redes sociales.

Lilia Gema García Soto había sido electa bajo el sistema de usos y costumbres y tomó protesta en enero de 2023. Durante su gestión, se afilió al partido Morena y emprendió investigaciones por presunto desvío de recursos por parte del exalcalde Tomás Victorio García, quien habría malversado 25 millones de pesos destinados a la rehabilitación de la zona tras el paso del huracán Agatha en 2022.

El municipio de San Mateo Piñas, con una población de poco más de 2 mil habitantes, se localiza a unos 237 kilómetros de la capital oaxaqueña. El asesinato de García Soto se suma al de Mario Hernández García, Alcalde de Santiago Amoltepec, ocurrido el pasado 15 de mayo, lo que incrementa la preocupación por la creciente violencia política en la entidad.

Organismos de derechos humanos y asociaciones civiles han exigido garantías de seguridad para autoridades municipales, particularmente en zonas rurales y marginadas, donde los crímenes contra servidores públicos continúan al alza.

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