CHETUMAL, 25 de marzo.- “El Plan B” de la Reforma Constitucional en Materia Electoral ha sido suspendido por tiempo indefinido, lo que ha llevado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a acusar una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ser parte de “la mafia del poder”.
Como yaes frecuente, el presidente durmió en Chetumal y hoy temprano salió a realizar una gira de supervisión a las obras que están en proceso en la Península, principalmente el tren Maya.
En relación con la reforma electoral que está siendo combatida por la oposición, el ministro Javier Laynez Potisek dio entrada a la Controversia Constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y normatividad secundaria, y paralelamente concedió suspensión que prácticamente deroga la desestructuración del órgano electoral.
El INE continuará operando como hasta ahora debido a las posibles agravios a los derechos político-electorales de los ciudadanos, según la SCJN.
La controversia promovida por el INE se fundamenta en la existencia de intereses ajenos a la democracia y derechos ciudadanos, pues no fue analizada a fondo por los órganos legislativos, pues no se respetó el principio de publicidad y se coptó la participación de las fuerzas políticas de oposición.
El Proceso Electoral Federal Concurrente 2023-2024 iniciará el próximo 1 de septiembre, pero la SCJN no está obligada a resolver la Controversia Constitucional 90 días antes de tal fecha.
En su visita a Quintana Roo, López Obrador reconoció que su “Plan B” puede ser desechado por la SCJN, y acusó a la Corte de ser parte del grupo que se opone al avance de México y mejora de calidad de vida de la población.
El Ejecutivo Federal y los cuerpos colegiados legislativos pueden impugnar la validación de la controversia, pero el proceso puede dilatar semanas.
No debe perderse de vista que la SCJN entra en receso el 15 de julio, aunque probablemente antes de esa fecha haya un pronunciamiento al respecto. Además, López Obrador ha justificado la “militarización” de Calica para evitar la extracción de recursos propiedad de la Nación.
