ISLA MUJERES, 16 de julio.— El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ratificó por unanimidad un fallo del Instituto Electoral del Estado (IEQROO) que desestimó la denuncia promovida por la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, quien acusó al medio Poder & Crítica de ejercer violencia política de género en su contra.
La alcaldesa solicitó medidas cautelares para censurar una serie de publicaciones críticas sobre su administración, pero el tribunal resolvió que los agravios eran infundados y que las notas periodísticas están protegidas por la libertad de expresión, al no configurarse los elementos que exige la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior del TEPJF para considerar que se trató de violencia política contra las mujeres.
Esta es la segunda vez en menos de una semana que diversos organismos electorales rechazan la solicitud promovida por Atenea Gómez, a quien le queda aún la instancia de la sala Xalapa del Tribunal Electoral Federal.
El intento de la edil de Isla Mujeres replica una estrategia utilizada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y otras figuras políticas que han recurrido al argumento de violencia de género como instrumento para intentar frenar críticas o investigaciones periodísticas, en una tendencia creciente entre funcionarias sensibles al escrutinio público.
Las publicaciones que motivaron la queja incluyen reportes sobre la presunta venta del aeródromo municipal para un desarrollo inmobiliario, el nombramiento de familiares en cargos clave —como su primo Hernán Magaña Vargas—, el uso de un esquema de renta de vehículos por casi 100 millones de pesos, y los supuestos vínculos de su esposo Jorge Martín Álvarez con contrataciones en la obra pública local.
También se han documentado cambios en su trayectoria política —dejar el PAN en 2022, unirse a Morena en 2023 y acercarse recientemente al PT.
Otras denuncias periodísticas incluyen la tala de árboles en la colonia La Gloria, cuestionamientos de la CNDH al cobro del derecho de alumbrado público, y la violencia registrada en Isla Mujeres el 27 de mayo, cuando una balacera dejó dos muertos. Usuarios de redes sociales acusaron a elementos de la policía municipal de manipular la información y proteger a grupos delictivos.
El revés jurídico representa un golpe a la narrativa que pretendía colocar a la alcaldesa como víctima de persecución de género, y refuerza el criterio de que la crítica periodística y ciudadana no puede ser censurada bajo pretextos políticos. El caso confirma que la figura de violencia política de género debe proteger derechos, no servir de escudo ante la rendición de cuentas.
