San Salvador.— En un acto sin precedentes en la historia de la posguerra en El Salvador, el presidente Nayib Bukele autorizó ayer a los efectivos policiales y militares recurrir a la fuerza letal para intentar contener el acelerado aumento de la violencia criminal de las maras o pandillas con un alza de los homicidios y en un tenso escenario sociopolítico por la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.
La medida exhibió una lucha de poder por el control de las calles en uno de los países más violentos del mundo, luego de que las maras amenazaron de muerte a quienes violen la cuarentena que el mandatario decretó el pasado 21 de marzo para enfrentarse al brote.
El gobierno salvadoreño atizó la pugna: se deslindó de la práctica de separar en las cárceles a los pandilleros rivales y dispuso hace dos días mezclarlos en las celdas, en una decisión que podría desatar una nueva y mortal oleada de choques en las prisiones.
Bukele alegó poseer información de que un repunte de la violencia y un incremento sorpresivo de los homicidios a partir del viernes anterior respondió a una orden que los jefes mareros giraron desde los centros penitenciarios.
“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, tuiteó el gobernante, al dar luz verde a los cuerpos estatales de seguridad a usar más fuerza contra las maras. Instó a los políticos opositores “a que se pongan del lado de la gente honrada, mientras que a las instituciones que controlan, a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo”.
“[Las maras aprovechan] que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos”, afirmó.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada “deberán priorizar el resguardo de sus vidas, sus compañeros y los ciudadanos honrados”, advirtió.
“Ejército en calles no es la solución”
Para el abogado y politólogo Benjamín Cuéllar, líder de Víctimas Demandantes (Vidas), colectivo (no estatal) de San Salvador de defensa de derechos humanos, “tal vez los jóvenes digan que es bueno que estén los militares en la calle, pero los que vivimos en la guerra [señalamos que] el Ejército en las calles no es la solución”. Sin embargo, afirmó, hacer valer las garantías “exige sumar esfuerzos para multiplicar resultados frente a quienes les encanta restar y dividir”.
El Salvador, que pasó de 75 mil a 80 mil muertos en una guerra civil, de 1980 a 1992, entre fuerzas militares anticomunistas y guerrillas de esa ideología política en un conflicto alimentado por la desigualdad socioeconómica, padeció una imparable violencia política a lo largo del siglo XX.
La violencia criminal emergió con potencia tras la firma de la paz hace 28 años, mientras los gobiernos de turno lanzaron fallidos programas de “súper mano dura” en la posguerra para tratar de derrotar a las pandillas y a otros focos delincuenciales, como las redes locales del narcotráfico internacional.
Las maras nacieron en la década de 1980 en las calles de California, entre los migrantes sin documentos salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, que engrosaron la masiva corriente humana a Estados Unidos que huyó de las guerras en Centroamérica y sufrió deportaciones masivas desde ese territorio en los años 90.
Con datos propios, la PNC reportó 2 mil 374 miembros del 1 de enero al 28 de diciembre de 2019, con 974 menos que en 2018. El Mundo, uno de los principales diarios de El Salvador, contabilizó más de medio centenar de asesinatos desde el viernes pasado, de acuerdo con cifras policiales.
