KANTUNILKIN, 28 de diciembre.— La negativa de algunos regidores del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas a aprobar el Presupuesto de Egresos 2026 constituye un bloqueo directo a la operatividad y capacidad de gestión del gobierno municipal, al impedir la planeación financiera y el arranque de nuevos proyectos, advirtió el abogado constitucionalista José Félix López López.
El especialista recordó que la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo establece de manera expresa, en su Capítulo II, artículo 66, que la aprobación del presupuesto de egresos es una facultad y obligación compartida entre el Presidente Municipal y los regidores. “No es una concesión política ni una herramienta de presión; es una responsabilidad legal”, enfatizó.
López López explicó que, si bien la ley prevé una prórroga automática del presupuesto del año anterior en caso de no existir acuerdo en Cabildo, esta figura no garantiza una operación normal del Ayuntamiento, ya que limita severamente su margen de acción. “El municipio no se queda sin presupuesto, pero queda atado a reglas financieras obsoletas, diseñadas para una realidad distinta”, señaló.
El abogado subrayó que operar con un presupuesto prorrogado impide destinar recursos a nuevos programas, obras públicas e inversiones productivas, lo que se traduce en parálisis administrativa, freno al desarrollo y afectaciones directas a la población. Además, advirtió que la administración municipal puede verse obligada a reducir gastos, lo que abriría la puerta a recortes de personal, ajustes salariales y cancelación de proyectos prioritarios.
“Este tipo de bloqueos no afecta al Presidente Municipal en lo personal, afecta a los ciudadanos. Los habitantes esperan soluciones, obras y servicios, no disputas políticas que paralizan al gobierno”, recalcó.
Asimismo, López López no descartó consecuencias legales para los regidores que se niegan a cumplir con esta obligación. Indicó que, si se acredita un incumplimiento grave de sus responsabilidades, podrían intervenir instancias como la Auditoría General del Estado e incluso, en escenarios extremos, promoverse procedimientos ante la Legislatura Estatal para la suspensión o desaparición del Ayuntamiento, conforme a la ley.
El constitucionalista concluyó que la falta de aprobación del Presupuesto de Egresos evidencia profundas divisiones políticas internas y coloca al municipio en una situación de inmovilidad administrativa, al tiempo que traslada el costo del conflicto a la ciudadanía, que ve frenado el desarrollo y la atención de sus necesidades más urgentes.
