Ciudad de México, 13 de junio.- Ante la pérdida de empleos en lo que va de 2020, que llegó a un millón, 97 mil 806 en la primera quincena de junio de acuerdo con el IMSS, por ello, el Senado busca crear, como prioridad, una Ley Federal de Seguro de Desempleo como instrumento de protección social.
Actualmente, solo dos entidades, Ciudad de México y Yucatán, cuentan con un esquema en la materia, por lo que el Senado solicitó al Instituto Belisario Domínguez (IBD) realizar una investigación que permita avanzar en una legislación nacional.
De acuerdo con el estudio “Medidas para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria Covid-19: Del crédito solidario al Seguro de Desempleo”, escrito por el investigador Edgar Moisés Rivero Cob, las acciones que se han tomado a la fecha para paliar los efectos de la crisis económica resultan insuficientes.
Por ello, se plantea a los legisladores una reforma legislativa de gran calado que cree la Ley Federal de Seguro de Desempleo, que tiene que estar vinculada a “una amplia Reforma Fiscal, de Pensiones, y de Seguridad Social”.
Destaca que se han presentado más de 15 iniciativas en las que se propone que el Seguro de Desempleo Federal sea no contributivo, es decir, obtenga su financiamiento de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y se haga en corresponsabilidad con las entidades federativas.
Ante la crisis por el Covid-19, los casos analizados en Yucatán y la Ciudad de México arrojan evidencia de que el número de solicitudes por seguro de desempleo durante la pandemia excedió el límite de cobertura originalmente proyectado.
En el caso de la capital del país, el pago mensual por Seguro de Desempleo asciende a 2 mil 641 pesos, y para el caso de Yucatán a 2 mil 500 pesos, siendo extensivo sólo a dos mensualidades.
El estudio da cuenta de que el Programa Crédito Solidario a la Palabra, mediante el cual se otorgan créditos de 25 mil pesos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME), ayudará a solventar temporalmente problemáticas como el pago de los servicios de luz, agua, teléfono y gas, y cualquier posible incremento en el costo de insumos, pero resultará insuficiente.
Este programa es efectivo para los establecimientos que tienen un máximo de 10 personas ocupadas. A mayor cantidad de personas empleadas y mayor tiempo de inactividad, se requieren mayores montos de apoyo para que los establecimientos sigan operando.
Asimismo, en otro estudio del IBD del Senado titulado “Recomendaciones para las MIPyME ¿Qué hacer para sobrevivir a la pandemia del Covid-19?”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, se plantea otorgar facilidades a empresas para que se reestructuren y no desaparezcan.
Se recomienda comenzar a llevar un registro contable del negocio -una práctica que no lleva a cabo la mayoría de las empresas- que en estos momentos sería muy útil para calcular ingresos, pérdidas, ahorros y estrategias financieras que den viabilidad a la empresa en el corto y mediano plazo.
El análisis del IBD señala que la legislación laboral no permite despidos o modificaciones unilaterales de los contratos laborales. Lo que sí es válido y recomendable es llegar acuerdos con empleados, arrendatarios y proveedores, a partir de un análisis de la situación financiera de la empresa.
Otras recomendaciones son disminuir los precios, implementar el trueque, ofrecer comida congelada y vender limpieza como un valor agregado que las personas comenzarán a valorar en mayor medida.
