Bacalar, 11 de Julio 2022.- El Cabildo del Ayuntamiento de Bacalar revocó, por mayoría de votos, el carácter de apoderado jurídico a la Síndico municipal Vanessa Piña Gutiérrez, debido a consideraciones de la Contraloría Municipal que le atribuyó no haber cumplido con las facultades concedidas para el cargo, a lo que ella se dijo objeto de violencia de género.
El Cabildo de Bacalar convocó esta mañana a una sesión extraordinaria, y como orden del día, en el punto número tres, puso a consideración la exposición de motivos de la Contraloría Municipal, para someter a consideración de los regidores la revocación de carácter de apoderado jurídico que por ley le fuera otorgado a la síndica municipal.
Dentro de los motivos expuestos por la Contraloría Municipal, dio a conocer que le enviaron diversos juicios a la Síndica Municipal del Ayuntamiento, todos y cada uno de ellos sellados y recibidos en tiempo y forma, pero no tuvieron respuesta.
Por tal motivo, solicitaron la revocación del carácter de apoderado jurídico, a fin de evitar alguna consecuencia en perjuicio al municipio de Bacalar; y entre los puntos detallados el primero consistió en que desde el mes de enero diversos conceptos no han sido atendidos para el cobro y por ello la funcionaria ya fue solicitada en cuatro ocasiones diferentes, sin tener respuesta.
Otro punto es la firma o rúbrica de un predio en la ciudad de Bacalar, que le pertenece al Ayuntamiento y en el Registro Público de la Propiedad se invierten los folios, ya que el no hacerlo repercute en un bien inmueble menos a favor del Ayuntamiento. La solicitud de firma ha sido hecha en cuatro momentos diferentes, sin tener respuesta.
Un tercer punto, corresponde al mes de mayo cuando el Cabildo solicitó a la Síndica su firma para la contestación de un juicio o prevención, misma que se corre el riesgo de perder por la falta de personalidad ante el tribunal Federal de Justicia Alternativa.
Por estas y otras inconsistencias, los integrantes del Cabildo determinaron, por mayoría, revocar dicha facultad de apoderado jurídico, que ahora recayó en la regidora Rosa García González.
En respuesta a estos cuestionamientos, Piña Gutiérrez dijo que esto es parte de una campaña en su contra, la cual cataloga como violencia política en razón de género.
