DURANGO, 9 de septiembre.— Autoridades realizaron el viernes 6 de septiembre un cateo en las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Gómez Palacio, como parte de indagatorias abiertas tras semanas de señalamientos públicos. Durante la diligencia —que, de acuerdo con la dirigencia estatal, se extendió cerca de dos horas— no se reportaron detenciones ni aseguramientos relevantes, y el procedimiento concluyó con la elaboración del acta correspondiente. La organización pidió no generar alarma y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades “en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”.
Tras el operativo, el Dirigente de CATEM en Durango subrayó que se trató de una inspección “común y corriente” y que la confederación “trabaja en el marco de la legalidad”. “Estamos abiertos para cualquier tipo de investigación y nos ponemos a disposición de las autoridades”, señaló el dirigente local, quien llamó a la ciudadanía a “no alertarse” y pidió que, si existen personas que han cometido ilícitos afectando a los habitantes de Gómez Palacio y de la región Lagunera, “sean castigadas con la ley”. De acuerdo con esta versión, durante la diligencia no se encontraron indicios incriminatorios en las instalaciones.
En línea con esa postura, el Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM difundió el 5 de septiembre un comunicado en el que exhorta a las autoridades federales y estatales a realizar “las investigaciones necesarias” en torno a las denuncias públicas ventiladas en Durango. El documento —firmado por Erik R. Osornio Medina, secretario de Organización del CEN(Comité Ejecutivo Nacional)— afirma que la confederación “no nació ni existe para ser utilizada en prácticas que atenten contra el Estado de Derecho”, reivindica su compromiso con “la legalidad, la justicia y la transparencia” y solicita a la Fiscalía General del Estado informar “con nombre y apellido” qué denuncias existen contra su federación estatal, al tiempo que precisa que, hasta ese momento, la organización no tenía conocimiento de una denuncia formal. “Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger la integridad de nuestra confederación”, añade el texto.
A nivel nacional, Pedro Haces Barba, dirigente de la CATEM y diputado federal por Morena, calificó los señalamientos de extorsión y secuestro como “difamaciones” y parte de “una estrategia de golpeteo” del priismo y de su antiguo sector obrero. Aseguró que tales acusaciones “no manchan ni ponen en riesgo el nuevo modelo de sindicalismo” que impulsa la central, y matizó que, si algún dirigente o afiliado incurriera en conductas ilícitas, “debe aplicarse todo el peso de la ley”. Haces dijo no tener noticia de denuncias formales en contra de la organización y atribuyó la tensión a la expansión de la confederación en entidades como Coahuila y Durango.
El operativo del viernes se produce después de desplegados y notas de organizaciones empresariales de la Comarca Lagunera que, a finales de agosto, denunciaron presuntas prácticas de cobro ilegal; en su momento, la CATEM respondió que esas versiones “carecen de pruebas”. En el telón político local, actores de Morena han acusado al gobernador de Durango, Esteban Villegas, de intervenir contra perfiles de ese partido en procesos municipales pasados; esas imputaciones, negadas por el gobierno estatal, han enrarecido el clima y alimentan lecturas de rivalidad político-sindical en la entidad.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han ofrecido un informe público detallado del cateo. La CATEM sostiene que no hubo hallazgos incriminatorios durante la diligencia y reitera su apertura a toda verificación. La confederación insiste en que su nombre no debe usarse para encubrir conductas indebidas, y demanda que cualquier acusación se sustente en denuncias y pruebas específicas para que—de existir—se proceda conforme a derecho y “caiga quien caiga”.
