Tuxtla Gutiérrez, Chiapas — 17 de julio de 2025 — Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles, con una alarmante tasa de 92 casos por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud Pública estatal. Durante 2024, 5 mil 112 niñas de 16 años o menos dieron a luz en hospitales de la entidad, reflejo directo de un contexto de violencia sexual sistemática y fallas estructurales del Estado mexicano para proteger a la infancia.
Las regiones Norte, Costa y Selva concentran los mayores índices, aunque el fenómeno no se limita a zonas indígenas. Tan solo en el municipio de Juárez, al norte del estado, se registraron 674 partos infantiles. En Ocosingo y Las Margaritas, ubicados en la región Selva, se documentaron 264 y 22 casos respectivamente, mientras que en Tonalá, en la región Costa, ocurrieron 238 partos.
El Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca reconoció la gravedad del problema y señaló que en la mayoría de los casos, los agresores son familiares cercanos, como padres, hermanos o primos.
“Existe una cifra negra importante: muchos de estos delitos no se denuncian. Por eso estamos impulsando acciones concretas como la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes”, señaló.
Desde el 1 de mayo, el gobierno estatal impulsa un “Decálogo Humanista” con 10 acciones prioritarias para atender la violencia contra la infancia y la maternidad forzada.
El Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, afirmó que Chiapas prioriza una justicia con perspectiva de infancia, destacando la firma de un convenio con Unicef México para reforzar este enfoque.
“Una niña madre es una falla del Estado”
Organismos civiles también alzaron la voz. Para David Meléndez Navarro, Secretario Técnico Nacional del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, cada embarazo infantil representa “una falla total del sistema de protección del Estado mexicano”.
Relató que en 2023 se documentó el caso de una niña de 9 años que dio a luz en el municipio de Alcalá, luego de ser violada por su padrastro de 33 años.
“No hubo detención. Los médicos deben denunciar inmediatamente cuando una niña llega embarazada y ofrecer la interrupción del embarazo”, recalcó.
Por su parte, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que algunas prácticas tradicionales, como las uniones tempranas en pueblos originarios, han sido documentadas por la ONU como factores que perpetúan la violencia contra niñas y adolescentes.
“El cambio debe ser cultural y preventivo. No se resuelve solo con cárcel, sino con un proceso profundo de transformación comunitaria”, explicó.
Urge una respuesta integral
Frente a este panorama, expertos, activistas y autoridades coinciden en que se requiere una respuesta inmediata, integral y sensible que priorice la protección de los derechos de la infancia. Desde atención médica oportuna y acceso a la justicia, hasta educación sexual y políticas públicas efectivas que rompan el ciclo de violencia y pobreza que afecta a miles de niñas en Chiapas y en todo el país.
