CIUDAD DE MÉXICO.-
Tras las críticas de la Oposición, que acusa al Gobierno de Claudia Sheinbaum de instaurar un «Estado espía» mediante recientes reformas legales, la Presidenta negó que se esté violando la privacidad de los ciudadanos y sostuvo que toda intervención de comunicaciones requiere orden judicial.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que las comunicaciones privadas son inviolables por mandato constitucional. “Solamente puede haber una intervención, una localización de GPS, etc., bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido o un secuestro, casos en los que se solicita información de manera extraordinaria a las compañías telefónicas”, explicó.
La Mandataria aseguró que ninguna ley aprobada recientemente contraviene la Constitución y descartó que las modificaciones permitan espionaje masivo. “Ninguna ley puede violar la Constitución. Dice claramente que las comunicaciones privadas son inviolables y cualquier acto que atente contra su privacidad es sancionado penalmente”, recalcó.
La Oposición en el Congreso denunció que Morena y sus aliados aprobaron leyes que amplían las facultades de instancias de seguridad y procuración de justicia para solicitar la geolocalización de ciudadanos sin orden judicial y acceder a bases de datos públicas y privadas, incluidos registros de salud, catastro, finanzas y telecomunicaciones.
Asimismo, cuestionaron la disposición que convierte a la CURP, junto con datos biométricos como huellas y fotografía, en un requisito obligatorio para contratar servicios de telefonía móvil, realizar compras en línea y pedidos a domicilio, lo que consideran una amenaza a la privacidad.
Sheinbaum desestimó esas acusaciones y recordó que ella y otros integrantes del movimiento de transformación fueron víctimas de espionaje en gobiernos pasados. “Es mentira que el Estado vaya a espiar a los ciudadanos. Falso. Se miente deliberadamente. El Gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros”, declaró.
Finalmente, reiteró que toda intervención de comunicaciones debe estar respaldada por una orden judicial y que la Constitución no permite prácticas de vigilancia que vulneren los derechos humanos.
