PLAYA DEL CARMEN, 30 de junio. – La inauguración de la ampliación del hotel Xcaret, en el que se invirtieron 700 millones de dólares, evidenció un cambio en la relación del gobierno federal con esta empresa quintanarroense, que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador vivió un periodo de intenso acoso.
A la inauguración de las nuevas instalaciones, no solo acudió la gobernador Mara Lezama Espinosa, sino también otras dos mujeres que se han constituido en referentes de la actual administración.
Se trata de la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, quien forma parte de una de las familias más acaudaladas de México, que en los hechos lleva la relación del gobierno federal con el sector privado.
Durante su discurso, Altagracia Gómez, presidenta del Grupo Minsa, reconoció el trabajo de la gobernadora Mara Lezama en la promoción de Quintana Roo.
“Mara tiene una apuesta decidida para mejorar la interconectividad, tanto aeroportuaria como marítima, con el mundo, porque sabe que lo que hay en Quintana Roo lo merece ver todo el mundo, y que quien lo ve decide volver a viajar”, afirmó.
Para muchos en el sector, ese acto fue una señal de que el nuevo gobierno busca hacer las paces con uno de los grupos turísticos más importantes de Quintana Roo.
Este giro forma parte de un cambio más amplio, aunque silencioso, que también se nota en el tema de seguridad, donde parece que ya no aplican los famosos “abrazos, no balazos”.
En el caso del turismo, la relación del gobierno federal con empresas como Grupo Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali y Calica se complicó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las diferencias se generaron debido a que ambas empresas condicionaron la facilitación de parte de sus instalaciones, para que sean usadas como centros logísticos de las obras del tren Maya.
El expresidente acusó públicamente a Xcaret de estar detrás de campañas en medios y redes sociales para frenar las obras del Tren Maya.
También los señaló por operar sin permisos en el parque Xibalbá, cerca de Chichén Itzá, donde incluso se ordenó suspender trabajos de construcción.
En el caso de Calica, empresa filial de la estadounidense Vulcan Materials, la acusación fue por extraer materiales de forma ilegal en Playa del Carmen, ignorando los sellos de clausura colocados por la Profepa.
Durante ese tiempo, las dos compañías fueron objeto de inspecciones frecuentes, trabas para conseguir permisos y otros obstáculos burocráticos. Empresarios y observadores interpretaron estas acciones como una forma de presionarlos para que se alinearan con el gobierno.
Ahora, con la presencia de la secretaria Josefina Rodríguez y Altagracia Gómez en un evento oficial de Xcaret y sus declaraciones a favor de trabajar de la mano con el sector privado, se percibe un tono completamente distinto.
En su discurso, ambas destacaron la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer el turismo y apoyar el desarrollo sustentable, sin mencionar los pleitos del pasado.
Estas señales podrían abrir la puerta a una etapa de más inversión y certidumbre para las empresas turísticas, sobre todo en un estado como Quintana Roo, donde esta industria es clave para la economía.
Tanto este nuevo trato hacia los empresarios como el cambio en seguridad muestran que el gobierno de Sheinbaum comienza a marcar su propio rumbo, sin romper con el pasado, pero dejando claro que la estrategia ya es otra.
