Al existir irregularidades evidentes en el otorgamiento del título de concesión a la empresa Aguakán, las comisiones de Asuntos Municipales, de Salud y Asistencia Social del Congreso de Quintana Roo aprobaron un exhorto para que primero el municipio de Solidaridad inicie el proceso de cancelación de dicho contrato y, posteriormente, esta acción se replique en los municipios Benito Juárez e Isla Mujeres.
El principal argumento de los diputados es la violación a la autonomía municipal y la facultad contenida en el artículo 66 de la Ley de los Municipios de Quintana Roo que les permite decidir sobre la concesión de diversos servicios públicos, siempre y cuando no exista prohibición legal para ello.
En el caso de Solidaridad, la diputada Laura Beristain, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, explicó que el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal, lo cual es la primera y más grave irregularidad en la concesión otorgada a la empresa en el 2014.
Durante la reunión también se mencionaron otras irregularidades como el suministro de agua que no sirve para el consumo humano, además de abusos documentados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Los integrantes de la comisión aseguraron que este cúmulo de irregularidades es tal que anula toda posibilidad de que el ayuntamiento de Solidaridad tenga que pagar una penalización a la empresa por cancelar de manera anticipada el título de concesión, otorgado hasta el año 2053 por el exgobernador Roberto Borge y palomeado por los ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, encabezados todos por priistas la administración recientemente concluida.
Lo aprobado por Borge
El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), empresa dueña de Aguakán, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad se determinó la vigencia de la concesión hasta el 2053.
Ni el exgobernador Roberto Borge Angulo ni los diputados electos informaron el monto de la contraprestación que recibiría el gobierno por parte de la empresa a cambio de esta prórroga.
La propia empresa Aguakán, en un informe interno, dio a conocer que el pago al gobierno fue de 1,080 millones de pesos.
