A un año del intento del gobierno por capturar a uno de los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán, en su tierra, en su casa y entre su gente, la noticia en México es que no hay noticia. Las investigaciones continuan como lo hicieron en el 2019: sin hallazgos notables.
Las indagatorias por los enfrentamientos registrados el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, no han terminado de integrar las carpetas de investigación. No hay detenidos y tampoco órdenes de aprehensión. Cualquier información relacionada con el también llamado Culiacanazo, es clasificada como reservada o confidencial. Las autoridades la declaran inexistente y los únicos datos se remiten a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la batalla en la capital sinaloense, una de las más violentas y torpes en la gestión de López Obrador, soldados y policías antinarcóticos localizaron a Ovidio Guzmán, uno de los herederos del Cártel de Sinaloa.
El batallón, con fusil en mano, rodeó la mansión donde se escondía Ovidio. No pasaron ni diez minutos desde que llegaron los soldados cuando sonó la alarma de alerta, y decenas de autos y camionetas con sicarios armados hasta los dientes, tomaron la ciudad.
Las balaceras se multiplicaron y comenzaron a arder vehículos militares en las principales avenidas. Durante horas, los hombres armados recorrieron la ciudad atacando al Ejército hasta hacerlo retroceder. Entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación sobre los involucrados, incluyendo a los militares.
En una improvisada conferencia de prensa, el 31 de octubre de 2019, el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que ya se habían iniciado las investigaciones.
“Para deslindar responsabilidades hacia las instancias y personal militar se designó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Militar para que se trasladara a la plaza de Culiacán e iniciara las carpetas de investigación para determinar si se infringió o no la disciplina militar; esto ya está en curso”, aseveró
Sin embargo, hasta la fecha, la Fiscalía no ha determinado ejercer acción penal en caso de que los soldados hayan incurrido en un posible delito o el no ejercicio de la acción penal.
