CANCÚN, 6 de noviembre.— Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, dio a conocer una estrategia nacional de combate al acoso y abuso sexual, luego de que la mandataria instruyera una revisión sobre cómo se combate este delito en las entidades federativas.
La presidenta ordenó la investigación tras el episodio de acoso que sufrió el pasado martes, con el propósito de unificar la tipificación y las sanciones del delito en todo el país.
La funcionaria informó que cuatro estados de la República —Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Sonora— carecen de una codificación clara para castigar el abuso sexual. Aunque el delito está tipificado en sus respectivos códigos penales, no existe una definición precisa sobre en qué consiste, lo que genera vacíos legales que dificultan la impartición de justicia.
En contraste, diecinueve entidades federativas cuentan con criterios amplios para sancionar el abuso sexual y sus agravantes, mientras que nueve más lo tipifican, pero con formulaciones débiles.
En la Península de Yucatán, solo el estado de Yucatán se encuentra dentro del grupo de entidades con legislación sólida y criterios amplios para combatir este delito, incorporando diversas agravantes que fortalecen su sanción.
Durante su exposición, Citlalli Hernández explicó que el objetivo de la estrategia es fortalecer la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, agilizar los procesos de denuncia y garantizar su protección integral.
“La presidenta nos ha pedido que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan reportar acoso o abuso sexual de manera rápida y con rutas más cortas que garanticen su seguridad”, señaló.
El artículo 260 del Código Penal Federal establece que el abuso sexual comprende actos sexuales, manoseos o tocamientos obscenos; obligar a la víctima a presenciar un acto sexual o exhibir su cuerpo; o cualquier conducta de carácter explícitamente sexual.
La ley federal impone sanciones de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa, con agravantes cuando hay violencia física o la víctima es menor de edad o pertenece a un grupo vulnerable.
Con esta estrategia, la Secretaría de las Mujeres busca homologar la tipificación del abuso sexual en todas las entidades, de modo que las mujeres de cualquier parte del país tengan la certeza de que pueden denunciar y recibir justicia con la misma fuerza de la ley.
