El exsecretario de seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de una red de empresas ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales, así lo muestran dos denuncias penales que el gobierno federal interpuso contra el exfuncionario y que fueron obtenidas por Univisión.
De acuerdo a un trabajo de Univision investiga Peniley Ramírez, estas denuncias muestran que probablemente estas empresas relacionadas con García Luna recibieron dinero derivado de sobornos por parte de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.
El área de investigación de la televisora obtuvo copia de las dos demandas que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía anticorrupción contra García Luna por lavado de dinero. Además obtuvo la documentación de una tercera, presentada ante la Secretaría de la Función Pública.
En una entrevista que se incluyó en este trabajo, Santiago Nieto detalló que la investigación contra el exfuncionario reveló todo el esquema de lavado de dinero con el que operaba, incluso que gobiernos contrataban empresas fachada para realizar las transferencias de dinero.
La investigación también detectó movimientos de cuentas en Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.
Como resultado de la investigación realizada por la UIF, se ordenó que se congelaran cuentas bancarias de García Luna, su esposa Cristina Pereyra, su hermana Esperanza y sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.
Entre las empresas involucradas, a las que también se ordenó congelar sus cuentas están la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac y tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.
En el trabajo periodístico también se precisa que la investigación contra Genaro García por parte de la UIF, se originó en parte de la compra de una casa en Golden Beach, Florida, valorada en tres millones de dólares.
Esta investigación detectó que entre 2012 y 2019 las empresas vinculadas al exsecretario ingresó al sistema financiero mexicano más de 200 millones de dólares, provenientes en parte de “origen desconocido” y de pagos de diferentes instituciones de gobierno.
