El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa aún se niegan a reconocer su participación en el ataque contra los normalistas. Al cumplirse 11 meses de los hechos en Iguala, donde policías municipales atacaron y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha detenido a dos piezas clave: el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y el líder del grupo criminal Los Rojos, Santiago Mazari, el Carrete.
Los padres de los 43 normalistas —declarados muertos por la PGR— exigen aún al gobierno federal que permitan al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistar a militares de 27 Batallón de Iguala, aunque la Secretaría de Gobernación y la cancillería dijeron que dichas entrevistas se darán dentro del propio proceso penal por los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Fuentes del gobierno federal refirieron que a 11 meses de los hechos, dos de los 106 detenidos por la desaparición de los normalistas, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se niegan a cooperar con las autoridades sobre cómo ocurrió el ataque contra los normalistas, además de que niegan cualquier relación con los mismos.
Según el sicario de la organización criminal Guerreros Unidos y autor material del homicidio del caso Ayotzinapa, Felipe Rodríguez Salgado, apodado el Cepillo o el Terco, el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y el subdirector de la policía de Cocula, César Nava González, fueron quienes entregaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa a los integrantes de Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre del año pasado.
Según Rodriguez Salgado, al interrogar aquella noche a uno de los 43 normalistas, éste le dijo que el Carrete le pidió al director de la normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, “que le hiciera el trabajo” de boicotear el destape de María de los Ángeles Pineda como candidata a la presidencia municipal de Iguala, aquella noche del 26 de septiembre.
En ese marco, organizaciones sociales y padres de los 43 normalistas desaparecidos realizarán una jornada de lucha por Ayotzinapa, la cual contempla la visita a diferentes embajadas, acto que comenzará a partir de las 9 de la mañana.
Para dicho recorrido se realizarán dos brigadas de apoyo que saldrán del el Metro Polanco y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ubicado en la colonia San Rafael. Posteriormente, a las 2 de la tarde se llevará a cabo una concentración de ambas brigadas en la representación de la Unión Europea.
La llamada Jornada por Ayotzinapa concluirá con una marcha que correrá del Ángel de Independencia al Zócalo capitalino.
Por otro lado, el 17 de agosto, a dos semanas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, concluyera su periodo de mandato inicial, presentó un informe sobre los pendientes y avances de su misión.
En este quinto informe, los cinco expertos que conforman el grupo externaron su preocupación por la una probable pérdida de pruebas en el caso.
El informe final del mandato inicial del GIEI será presentado el 6 de septiembre; sin embargo, los expertos solicitaron que su misión sea extendida por seis meses más, disposición que aún está pendiente por dar respuesta.
