ISLA MUJERES, 19 de febrero.- La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de cinco hombres por su presunta relación en hechos que podrían constituir el delito de extorsión, en agravio de una víctima de identidad reservada, en la zona continental del municipio.
El operativo fue realizado en coordinación con el Grupo Centurión y contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.
Los detenidos fueron identificados como José Alfredo “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Margarito “N” y Guillermo “N”. De acuerdo con la información oficial, José Alfredo “N” presuntamente realizaba cobros por “derecho de piso” en la zona de playa de Costa Mujeres. Los otros cuatro hombres laboraban como guardias de seguridad y guardavidas en un hotel ubicado junto al establecimiento de la víctima.
Durante la intervención, a los detenidos les aseguraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana. En el caso de José Alfredo “N”, se le decomisaron 450 dólares en efectivo y dos teléfonos móviles.
Según las primeras investigaciones, los cuatro trabajadores del hotel habrían facilitado las actividades de José Alfredo “N” en la zona mencionada.
La detención se derivó de una denuncia presentada por la víctima, quien señaló que en noviembre de 2025 José Alfredo “N” acudió a su establecimiento de servicios y actividades acuáticas, ubicado frente a un centro de hospedaje en Costa Mujeres, para exigirle el pago semanal de 350 dólares.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima habría realizado pagos desde agosto de 2023, los cuales suspendió en abril de 2025. Posteriormente, en noviembre del mismo año, volvió a recibir exigencias de pago.
La Fiscalía indicó que José Alfredo “N” estuvo recluido previamente en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde coincidió con una persona sentenciada por robo y lesiones calificadas.
Tras su detención, los cinco hombres y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional correspondiente.
