CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril.— Con 446 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca proteger las propinas de trabajadores como meseros, botones, despachadores de gasolina y acomodadores de autos.
La iniciativa, promovida por Morena y enviada al Senado para su revisión, establece que las propinas no podrán ser consideradas parte del salario base, ni utilizadas para sustituir el salario mínimo o profesional que por ley corresponde.
Además, se reconoce a quienes laboran en restaurantes, hoteles, bares y otros establecimientos con un nuevo piso de derechos: acceso a seguridad social, aguinaldo, vacaciones pagadas y posibilidades de vivienda.
Uno de los puntos clave es que los empleadores no podrán apropiarse de las propinas ni decidir su destino. Por ley, deberán ser repartidas de forma justa entre los trabajadores que las generen, y dicha distribución quedará en manos del propio personal.
Desde el pleno, legisladores de todos los partidos destacaron que esta reforma es un acto de justicia para millones de trabajadores cuya economía depende en gran parte de las gratificaciones voluntarias de los clientes.
En otra decisión relevante del día, la Cámara de Diputados también dio luz verde —en comisiones y en el pleno, y en menos de seis horas— a una serie de reformas legales en materia ferroviaria, promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen recibió 449 votos y fue turnado al Senado.
Este paquete modifica cinco leyes: la del Servicio Ferroviario, la Administración Pública Federal, Caminos y Puentes, Vías Generales de Comunicación y Bienes Nacionales.
Uno de los cambios más significativos es que se permitirá adjudicar de forma directa concesiones para construir, operar y explotar vías férreas consideradas como parte de la red nacional, así como para ofrecer servicios de transporte público ferroviario, sin necesidad de pasar por una licitación.
También se contempla la creación de una nueva institución: la Agencia de Trenes y Transporte Público, que reemplazará a la actual Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Esta nueva dependencia contará con autonomía técnica, capacidad de gestión propia y su propio patrimonio, lo que le dará mayor margen para planear y ejecutar proyectos ferroviarios estratégicos.
