Las instalaciones de la Alcaldía de Holbox fueron devueltas a las autoridades la noche de este lunes, luego de que el domingo fue tomada por ejidatarios que protestan en contra de las autoridades municipales y agrarias que, según afirman, están coludidas con empresarios yucatecos que pretenden apoderarse de las tierras más valiosas de la isla.
El domingo la tensión se apoderó de Holbox, luego que en una polémica asamblea dominada por empresarios yucatecos y gente vinculada a éstos se decidió dividir en cuatro al ejido de esa isla, con el fin de hacer a un lado los obstáculos que impiden concretar un ambicioso desarrollo turístico.
Los mencionados empresarios yucatecos, encabezados por Fernando Ponce, son alrededor de 70 y, según habitantes de la isla, adquirieron de manera fraudulenta derechos ejidales para apropiarse de la extensión de tierra más valiosa de Holbox, conocida como La Ensenada.
Ponce es el principal directivo del grupo Bepensa, propietaria de embotelladoras de Coca-Cola en el sureste del país, distribuidoras de autos, financieras, entre otras empresas.
Armando Miranda, abogado de los ejidatarios inconformes, dijo que la asamblea efectuada la tarde del domingo en Kantunilkin violó una suspensión provisional y se buscará demostrar su invalidez en los tribunales. En la mencionada asamblea, que se realizó fuera del territorio ejidal y sin la participación de la directiva, los presuntos ejidatarios yucatecos aprobaron crear cuatro ejidos dentro de Holbox.
De acuerdo con información recabada, luego de entregar las instalaciones de la Alcaldía, ejidatarios y comuneros instalaron una guardia permanente en la Casa Ejidal, pues dijeron que no bajarán la guardia ante las intenciones de despojo por parte de particulares.
Horas antes de que los manifestantes entregaran las instalaciones de la Alcaldía, en Playa del Carmen la directiva ejidal encabezada por Nirvardo Mena Villanueva se reunió con el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría.
“Es la primera vez desde 2010, que empezó el conflicto, que el gobierno del estado muestra interés en el problema”, subrayó el dirigente ejidal.
Agregó que el secretario de Gobierno tenía una visión diferente de las cosas, pero pidió documentos y otras evidencias con la que los ejidatarios puedan demostrar que son víctimas de un despojo.
“Paulatinamente tendrá la oportunidad de ver quién tiene la razón. Tenemos documentos que demuestran cómo se pretende consumar un fraude”, dijo.
Sostuvo que las autoridades agrarias están coludidas con los empresarios yucatecos y que una muestra de ello es que en la Asamblea del domingo, que los ejidatarios nativos consideran ilegal, estuvo el subprocurador Agrario Rubén Treviño.
Además, dijo que funcionarios de esa dependencia hicieron lo posible por tratar de justificar la legalidad de la asamblea y que justamente allí está el elemento principal para impugnarla.
“Cuando convocaron a la Asamblea y dijeron que se llevaría a cabo en el restaurante ‘La Normita” de Kantunilkin’ se les olvidó que la ley exige que exhiban el contrato de arrendamiento del lugar. No lo tenían y horas antes de la reunión se dedicaron a acosar al dueño del negocio, que por su propia seguridad decidió desaparecer”, indicó.
“Si la Procuraduría Agraria no tenía la posesión legal del restaurante una hora antes de la Asamblea, es por su propia incapacidad”, sostuvo el líder ejidal.
“Nosotros solo queremos que haya una indemnización justa, de acuerdo con el valor comercial de nuestras tierras. Allí está la posibilidad de una solución, pero no aceptaremos menos, no daremos lugar al fraude y despojo”, subrayó.
“La única salida es indemnizar a los ejidatarios como corresponde y hacer las cosas en orden, no a escondidas”, insistió.
Indicó que esta martes habrá una reunión en Chetumal entre los dirigentes ejidales y el delegado de la Procuraduría Agraria, Jorge López Negrete, en la que estará como testigo el secretario de Gobierno.
“Ese será el primer paso para documentar las irregularidades y demostrar quién tiene la razón”, enfatizó.
“Es importante que por primera vez el gobierno del estado esté demostrado interés. Eso es bueno”, enfatizó.
Dijo también que la función de la Procuraduría Agraria es la de conciliar entre las partes, pero en este caso se ha decantado a favor de los empresarios.
