CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre.— La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Mayuli Martínez Simón, respaldó la iniciativa del Ejecutivo federal para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión, pero advirtió que, sin recursos suficientes para implementarla, el nuevo marco jurídico corre el riesgo de convertirse únicamente en “buenas intenciones”.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora afirmó que la extorsión es uno de los problemas que más miedo, enojo e impotencia genera entre las familias mexicanas.
Mayuli Martínez describió ese delito como “el impuesto del miedo” que padecen pequeños comerciantes, transportistas, hoteleros, restauranteros, taxistas, vendedores ambulantes y miles de negocios familiares en todo el país.
Mayuli Martínez recordó que entre 2019 y 2025 la extorsión se disparó en México y se consolidó como uno de los delitos de mayor impacto, que afectan especialmente a los pequeños negocios, que reciben los embates del delito.
La Senadora destacó que Acción Nacional lleva años impulsando la homologación del tipo penal en las 32 entidades, la persecución de oficio, la protección de víctimas y el bloqueo de los flujos financieros y tecnológicos que permiten la comisión de este delito. En ese sentido, reconoció que el dictamen recoge varias de las propuestas planteadas por su bancada.
También subrayó que la nueva ley contempla penas de 15 a 25 años, con agravantes que alcanzan hasta 42 años, además de sanciones más severas para servidores públicos involucrados en actos de extorsión. No obstante, enfatizó que por más altas que sean las penas, una ley sin recursos para aplicarse “no va a detener la extorsión”.
Mayuli Martínez señaló que, en el caso de Quintana Roo, la extorsión afecta prácticamente a todos: desde pequeños restaurantes y tienditas hasta bases de taxis, hoteles familiares, vendedores ambulantes e, incluso, trabajadores de la construcción y meseros que reciben amenazas para pagar derecho de piso.
“Esto inhibe la inversión, espanta al turismo y mata la economía local”, afirmó.
La legisladora panista fue categórica al señalar que el dictamen crea nuevas obligaciones, pero sin ampliar el presupuesto para cumplirlas.
Recordó que la ley ordena:
• La creación del Centro de Atención a Denuncias por Extorsión
• Campañas permanentes de sensibilización y participación comunitaria
• Unidades especializadas en extorsión en cada fiscalía estatal
Sin embargo —advirtió—, el transitorio noveno establece que no habrá incremento presupuestal ni recursos adicionales para 2026, lo cual hace imposible cumplir las nuevas atribuciones.
“Una ley sin presupuesto solo genera impunidad”, sentenció.
Mayuli Martínez subrayó que el PAN acompañará el dictamen “por las víctimas, los pequeños negocios y las familias que hoy pagan el costo de la extorsión”, con la convicción de lograr un México donde “nadie tenga que pagar para trabajar, circular, caminar, abrir un negocio o vivir en paz”.
