ISLA MUJERES, 21 de mayo.— Organismos empresariales nacionales y locales han alzado la voz contra la administración municipal de Atenea Gómez Ricalde por aplicar una reforma al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) que, aseguran, encarece de forma desproporcionada las inversiones inmobiliarias y hoteleras en el municipio.
La queja se centra en las modificaciones aprobadas este año a la Ley de Hacienda de Isla Mujeres, que elevan la tasa del ISABI de un fijo 3% a una tasa variable de hasta 4.5% (un incremento del 50%), pero que además imponen una nueva cuota fija en UMAs que, en el caso de grandes transacciones, multiplica el impuesto hasta por cuatro.
Por ejemplo, en operaciones mayores a 10 millones de pesos —como las que se realizan en el sector hotelero— ahora se debe pagar una contribución fija de 9,350 UMAs, lo que equivale a 1 millón 57 mil 859 pesos adicionales, sin contar el porcentaje aplicado al valor del inmueble. Antes, una operación de ese tamaño pagaba alrededor de 300 mil pesos por todo concepto. Hoy, se estima que el gravamen puede alcanzar una tasa real de hasta el 11%.
“El nuevo ISABI en Isla Mujeres es confiscatorio. Ningún otro municipio de México cobra esto. Es un desincentivo brutal a la inversión”, denunció un empresario del sector turístico, quien confirmó que ya se han presentado inconformidades formales ante instancias federales.
En comparación, otros municipios de Quintana Roo mantienen tasas mucho menores: Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos cobran el 3%, Tulum el 4%, y Bacalar y Othón P. Blanco apenas el 2%. Esto ha provocado que la competitividad de Isla Mujeres como destino de inversión se vea comprometida.
La situación genera dudas especialmente en torno a Costa Mujeres, una zona que el Gobierno Federal busca impulsar como nuevo polo turístico. Con esta carga tributaria, empresarios cuestionan el sentido de obras públicas como la carretera federal que se construye en la zona, cuyo propósito ahora parece más incierto que nunca.
Por su parte, el Ayuntamiento de Isla Mujeres ha defendido la medida como un acto de “justicia tributaria”, argumentando que protege a los pequeños propietarios y obliga a quienes manejan grandes capitales a aportar más al desarrollo local.
Mientras tanto, en el sector empresarial el mensaje es claro: la inversión se ahuyenta cuando se impone una carga fiscal inequitativa. La advertencia está sobre la mesa. Con información de La Opinión QR.
