CHETUMAL, 10 de septiembre.- La XVIII Legislatura de Quintana Roo se prepara para analizar la terna de candidatos propuesta por la gobernadora Mara Lezama para dirigir la recién autonomizada Fiscalía para el Combate a la Corrupción.
Esta decisión crucial se da tras la publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto 002, que otorga independencia a dicha institución, marcando un hito en la lucha contra la corrupción en la entidad.
Los tres candidatos propuestos por la gobernadora son:
- Aída Leticia León Canto: Actualmente se desempeña como subsecretaria de Investigación y Vinculación de la Secretaría de la Contraloría. Su experiencia incluye haber sido titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado y directora jurídica en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, lo que le confiere un amplio conocimiento en materia de fiscalización y control gubernamental.
- Edgar Ramírez Morales: Cuenta con una trayectoria en el ámbito de la seguridad pública, habiendo fungido como secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad durante el gobierno de Carlos Joaquín González. Su experiencia en este campo podría aportar una perspectiva valiosa en la investigación de delitos de corrupción.
- Javier Gómez Bustillos: En la actualidad, ocupa el cargo de subsecretario de resoluciones y normatividad en la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes). Su bagaje profesional incluye haber sido encargado de la unidad jurídica del ISSSTE y ex director jurídico en la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), lo que le otorga una sólida base en derecho administrativo y normatividad gubernamental.
Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), informó que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos ha iniciado ya el minucioso proceso de revisión de los requisitos de cada uno de los aspirantes. Esta comisión tiene la responsabilidad de emitir un dictamen de procedencia, el cual será presentado ante el pleno del Congreso este próximo jueves para su consideración y eventual aprobación.
La decisión que tome la Legislatura será de gran trascendencia, ya que el cargo de fiscal anticorrupción tendrá una duración de siete años, lo que garantiza continuidad en las políticas y estrategias de combate a la corrupción a mediano plazo. Este nombramiento llega en un momento crítico, tras la salida de Rosaura Villanueva Arzapalo del cargo, y en medio de expectativas ciudadanas por fortalecer la lucha contra la corrupción en Quintana Roo.
